Por: Rodolfo Correa- CEO iA School
Cuando Aristóteles se preguntaba «¿qué es la justicia?», la respuesta dictada era: “dar a cada quien lo que corresponde”
Pero, a renglón seguido, la filosofía del Derecho hizo la pregunta consecuente: ¿qué es lo que corresponde a cada quien? Y frente a ello la respuesta que más se popularizó fue la dada por el positivismo jurídico: lo que corresponde a cada quien es lo que las normas ordenen.
Bajo esta lógica, el acto de impartir justicia se ha concebido como un juicio de aplicación del Derecho. ¿Y qué es aplicar el Derecho? Pues ajustar una conducta a la descripción efectuada en una norma para imponer las consecuencias jurídicas en ella establecidas.
Ahora bien, para llevar a cabo este proceso de adecuación de hechos a las normas y la posterior imposición de consecuencias jurídicas se creó la institución del juez, una persona con poderes delimitados que realiza una operación intelectual y según su leal saber y entender le da a cada quien lo que le corresponde a través de un acto llamado sentencia.
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Así ha sido desde siempre, pero ¿y si todo ese proceso pudiera realizarlo un sistema de inteligencia artificial? ¿Aceptaríamos su sentencia? ¿Tiene que ser necesariamente humano quien construya ese juicio lógico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Nos llena de pánico trasladar nuestra idea romántica de justicia de las manos de un ser humano a los algoritmos de un software, hasta que husmeamos por la ventana de nuestras bajas pasiones humanas y descubrimos, en las cloacas de nuestros pensamientos, al prejuicio vestido de certeza, a la vanidad dictando sentencia y a la codicia contando monedas. Entonces, donde reinaba el pánico, comienza a dominar la posibilidad gracias al ineludible reflejo de nuestra realidad observado en el espejo de las miserias que gobiernan al hombre.
Y a partir de allí, lo digo sin escozor, es desde donde me atrevo a hacer una afirmación categórica: ni lo humano es garantía de justicia, ni lo algorítmico es sinónimo de infalibilidad. Y en función de esto, no podemos cerrar filosóficamente una puerta porque todavía nos asuste lo que podría entrar por ella.
Evidentemente, admitir una automatización plena del proceso judicial hoy tiene más detractores que seguidores, pero, al menos mientras iniciamos esas profundas discusiones filosóficas, los abogados, la Rama Judicial y la academia deberíamos estar pensando en cómo apalancarnos en la tecnología para transformar la técnica forense y judicial, ampliando las capacidades de percepción, memoria, análisis y razonamiento del juez para impartir una justicia más recta, rápida y eficaz.
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Hoy ya están disponibles modelos de procesamiento con IA con capacidad para optimizar cada etapa del proceso judicial, por ejemplo: en la fase inicial es posible la realización automatizada del juicio de admisibilidad de una demanda, que resulta ser un análisis meramente formal de verificación de requisitos; en la etapa probatoria ya es posible contar con herramientas que apoyen al juez en la valoración de la prueba, como dispositivos visuales que permiten la Analítica No Verbal del Testimonio, midiendo en tiempo real las microexpresiones faciales del declarante para revelar sus verdaderos sentimientos, o un sistema de Interrogación Adaptativa del Testigo, o incluso, un sistema de Experimentación Contradictoria del Dictamen que permite reproducir cálculos periciales, modificar supuestos y comprobar la resistencia de sus conclusiones para brindar al fallador mejores elementos de juicio.
Así mismo, es perfectamente posible que el juez cuente, en la etapa del fallo, con una herramienta de inteligencia artificial que le posibilite la Contrastación Adversarial de la Sentencia, esto es, enfrentar el proyecto de decisión con contraargumentos y evidencia que pueda revelar errores u omisiones que comprometan la calidad de la tutela judicial efectiva.
No obstante el mundo de posibilidades ante el que nos encontramos, la respuesta del aparato burocrático judicial es, desde luego, parsimoniosa. Y en línea con ello, el Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura pretendió atender esta nueva realidad contemplando algunos proyectos, formación y usos de apoyo; pero en simultáneo exige prescindir de la IA para valorar pruebas. De otro lado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial insiste en control humano y verificación. Pero ¿dónde trazamos la frontera entre servir al ciudadano y blindar nuestra inveterada costumbre? Regular el uso merece reconocimiento; pero transformar la justicia exige resultados.
Colombia podría liderar esa transformación global. Es hora de que jueces, universidades y desarrolladores construyamos laboratorios, probemos soluciones y publiquemos nuestros errores y aciertos.
La toga no puede ser el sudario de la innovación. ¿Defenderemos el derecho del ciudadano a una justicia mejor o el privilegio humano de seguir administrando sus fallas?
El futuro está en el banquillo. Es hora de que Colombia deje de aplazar la audiencia y dicte su veredicto, decidiendo si avanzamos o, como siempre, llegamos tarde.
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