La Policía se retiró en marzo de este corregimiento de El Bagre, mientras que los grupos armados mantienen una disputa territorial
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Las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo (autodenominado EGC) sostienen una confrontación por el control territorial, corredores estratégicos y rentas ilegales en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, con afectaciones en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Así lo informó este miércoles la Defensoría del Pueblo.
Según el organismo, entre enero y mayo de 2026 se registraron en Puerto López dos confinamientos y cinco desplazamientos forzados masivos. La entidad documentó amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado de menores de edad, así como ataques con drones y artefactos explosivos en las veredas Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada.
El reporte detalla el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) adaptados para lanzar explosivos en el marco de las hostilidades. Las detonaciones impactaron viviendas e infraestructura civil en las veredas limítrofes de Santa Isabel de Amará y Montefrío, en el municipio de Segovia, ocasionando además la muerte de ganado y équidos pertenecientes a las familias campesinas del área.
A la situación del orden público se suma la ausencia de la Policía Nacional en el corregimiento de Puerto López desde marzo de 2026, fecha en la que se ejecutó el retiro de la institución del casco urbano, reduciendo la respuesta institucional ante el control de los grupos armados.
La Defensoría precisó que en lo corrido de 2026 se han contabilizado 14 desplazamientos forzados masivos en los municipios antioqueños de El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó, y en Río Viejo y Arenal (Bolívar), con un saldo de 2.400 personas afectadas. De forma simultánea, se registraron 6 confinamientos en localidades de ambos departamentos, restringiendo la movilidad de 7.700 ciudadanos.
Ante estos registros, la entidad solicitó al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, el ICBF y la Fuerza Pública la adopción de medidas de prevención y asistencia humanitaria. Asimismo, instó al Ministerio del Interior a convocar al Subcomité Nacional de Prevención y Protección para evaluar la situación de seguridad en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.
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