La propuesta plantea cambios en la regulación para las compras internacionales que ingresan al país
El Gobierno Nacional presentó el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, una propuesta que busca eliminar la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las compras internacionales de bajo monto. De aprobarse, todos los paquetes que ingresen al país pagarán la tarifa del 19 %, sin importar que su valor sea inferior a los 200 dólares.
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La medida afectaría las compras realizadas a través de plataformas como Temu, Shein, Amazon y AliExpress, así como las compras gestionadas mediante casilleros internacionales.
El proyecto de ley también contempla ajustes en los impuestos de varios artículos que ingresan al territorio nacional:
- Bebidas azucaradas: la importación de estos productos generará el pago del impuesto correspondiente al momento de la nacionalización. Los importadores deberán detallar la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 mililitros para definir la tarifa aplicable.
- Licores, cigarrillos y vapeadores: los importadores pasarán a ser sujetos pasivos directos de los impuestos al consumo. Estos bienes asumirán el IVA del 19 % más las tarifas específicas asociadas a su categoría.
- Apuestas en línea: las plataformas extranjeras de juegos de suerte y azar por internet con usuarios en el país deberán declarar y pagar el IVA del 19 %. En caso de incumplimiento, la DIAN podrá solicitar el bloqueo de sus páginas web a los operadores de telecomunicaciones.
La iniciativa propone endurecer las penas por el ingreso ilegal de mercancías. Quienes introduzcan productos sin los trámites legales por montos superiores a 25 salarios mínimos legales vigentes afrontarán penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta el 300 % del valor aduanero. Si la cuantía supera los 100 salarios mínimos, las penas irán de nueve a 12 años de cárcel.
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Además, el proyecto aclara que la legalización posterior de la mercancía luego de su compra o ingreso no detendrá el proceso penal. Para fortalecer estos controles, se contempla la creación del Comité de Vigilancia Tributario y Aduanero, integrado por entidades públicas y representantes del sector privado.
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