Los drones habrían sido operados por las disidencias de las Farc en El Bagre, durante los enfrentamientos armados con el Clan del Golfo
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En el corregimiento de Puerto López, zona rural del municipio de El Bagre, se registró un ataque con drones cargados con explosivos en medio de las confrontaciones que sostienen grupos armados ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Los reportes locales indican los integrantes de las disidencias de las Farc habrían operado estos drones.
La detonación de los artefactos provocó la muerte de seis caballos y una vaca, además de dejar una mula herida. Estos animales pertenecían a familias campesinas de la zona, quienes dependen directamente de la ganadería y de las labores del campo para su sustento económico diario. Organizaciones sociales señalaron que el uso de artefactos explosivos en zonas habitadas podría constituir una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El Ejército Nacional desplegó tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada 11 en el corregimiento de Puerto López con el fin de reforzar la seguridad y prevenir nuevas acciones violentas. De acuerdo con las autoridades, la disputa en el Bajo Cauca antioqueño se intensifica entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, organizaciones que buscan controlar corredores estratégicos para sus actividades ilícitas.
Alerta por crisis humanitaria
Ante la persistencia de las hostilidades, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre el progresivo agravamiento de la situación humanitaria en el municipio. La entidad documentó que, además del incremento en el uso de drones adaptados con explosivos, la población civil ha enfrentado eventos de confinamiento, desplazamientos forzados masivos, amenazas y restricciones a la movilidad.
Asimismo, el organismo de control señaló que la salida de la Policía Nacional del corregimiento desde el pasado mes de marzo ha limitado la capacidad de respuesta institucional, incrementando la sensación de desprotección en la comunidad. Ante este escenario, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a la fuerza pública para adoptar medidas coordinadas que garanticen la integridad de los habitantes de la región.
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