De un lado está la Gobernación de Antioquia, que le apuesta a un espacio que beneficie a la comunidad en general; y del otro, están las comunidades del sector, que se quejan de ser violentadas y desalojadas de los lugares donde han trabajado dignamente por más de 20 años.
Por eso esta mañana se realizó una audiencia publica convocada por la Cámara de Representantes en la cual se encontraron las partes.
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