El decreto 0391 busca reducir la temporalidad laboral en las universidades, con metas de avance del 40% para 2026 y del 80% para 2027
El Gobierno Nacional expidió el pasado 1 de abril el decreto 0391, una norma histórica que establece un marco para mejorar las condiciones laborales en las universidades públicas de Colombia. Esta medida tiene como objetivo reducir progresivamente la contratación temporal y fomentar un sistema laboral más estable y justo en el sector educativo superior. El decreto promueve la contratación por méritos y el respeto a la autonomía universitaria.
La nueva normatividad destaca la importancia de garantizar calidad educativa mediante condiciones laborales más estables para los trabajadores de las instituciones públicas. Esto busca fortalecer áreas fundamentales como la investigación, docencia y extensión, pilares que sostienen la educación superior. El decreto tiene un enfoque inclusivo, con una planificación estratégica para la contratación estable de personal docente y administrativo.
La medida responde a un compromiso histórico del Gobierno Nacional para corregir brechas laborales en el sistema educativo, reconocidas tanto por la Corte Constitucional como por diversas entidades del sector. Asimismo, el decreto se alinea con los principios del Convenio 151 de la OIT y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que respecta a trabajo decente y educación de calidad.
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Este logro ha sido fruto de un proceso participativo que involucró a las organizaciones sindicales como ASPU, SINTRAUNICOL y UTRADEC, quienes tuvieron un papel clave en la construcción del decreto. Se llevaron a cabo 12 mesas técnicas con diversas entidades del Gobierno, las cuales permitieron la consolidación de esta política pública que impactará positivamente en la vida laboral de miles de trabajadores, por ahora serán cerca de 38 mil.
En los próximos 12 meses, cada institución universitaria deberá implementar planes de formalización laboral, con el objetivo de alcanzar un 40% de avance para finales de 2026 y un 80% para finales de 2027. Esta estrategia gradual permitirá avanzar en la creación de condiciones laborales más justas y equitativas, un paso fundamental para la dignificación del trabajo en el sector educativo.
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