La Fiscalía investiga si la rebaja en el apartamento de Roa se habría pagado con el contrato de gas en La Guajira
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La Fiscalía General de la Nación radicó de manera formal el escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Esta decisión significa que el directivo irá a un juicio penal para responder por las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de un inmueble en el norte de Bogotá y las decisiones posteriores en materia de contratación energética.
La investigación penal se originó en la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques. De acuerdo con los avalúos comerciales y los peritajes de las autoridades, el inmueble tenía un valor de mercado de 2.727 millones de pesos, pero Roa terminó adquiriéndolo por 1.800 millones de pesos. La diferencia económica a favor del comprador fue de 927 millones de pesos, lo que representó una reducción del 34% en el costo total del bien.
En dicha transacción inmobiliaria intervino el empresario Juan Guillermo Mancera, quien asumió las funciones de intermediario y además otorgó facilidades para el pago del dinero en cuotas sin la aplicación de intereses. La hipótesis que sostiene el ente acusador señala que este beneficio en el precio y en las condiciones de financiación se pactó meses antes de que Roa asumiera la dirección de la compañía petrolera del Estado.
Los investigadores judiciales plantean que una vez Roa asumió la presidencia de Ecopetrol, habría buscado retribuir el beneficio comercial recibido de Mancera. Para cumplir con este propósito, el alto funcionario habría intervenido en el proceso de asignación de un contrato para el proyecto de infraestructura de regasificación denominado Chuchupa-Ballena LNG, planeado para el departamento de La Guajira.
La ejecución de este proyecto energético estaba bajo la responsabilidad de Hocol, una de las empresas filiales del Grupo Ecopetrol. Según la acusación de la Fiscalía, Roa se reunió en dos oportunidades entre agosto y septiembre de 2024 con Luis Enrique Rojas, quien ejercía como presidente de Hocol en esa época. En tales encuentros, el presidente de la casa matriz habría dado la instrucción directa de asignar el contrato a la firma vinculada con el empresario Mancera.
El ente acusador recopiló elementos materiales probatorios para demostrar que existieron presiones por parte de Roa hacia el director de la filial, con el fin de direccionar la adjudicación de la obra de gasificación. En el marco de las audiencias preliminares y la imputación de cargos, Ricardo Roa rechazó los señalamientos de las autoridades y se declaró inocente de las conductas imputadas. El caso entrará ahora en la etapa de juicio ante los jueces de la República, quienes determinarán la validez de las pruebas de la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
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