El alto tribunal no asumió la competencia en el caso contra Álvaro Uribe, por lo que el expediente continuará en la Fiscalía
La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por esta razón, el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionado con las masacres de El Aro y La Granja, continuará en la Fiscalía.
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Declararse inhibida es una figura jurídica que ocurre cuando un tribunal decide no pronunciarse de fondo sobre un asunto al considerar que no se cumplen los requisitos legales o de forma para hacerlo. En este caso del expresidente Uribe, la Corte no definió cuál entidad es la dueña del proceso, sino que se abstuvo de tomar una decisión porque las partes no argumentaron jurídicamente su reclamo de la manera exigida por la ley.
El alto tribunal adoptó esta determinación mediante el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La decisión se tomó con siete votos a favor y dos en contra, al concluir que no se configuraron los presupuestos necesarios para resolver el choque de jurisdicciones. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración.
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La discusión comenzó cuando la Comisión de Acusación reclamó la competencia para investigar a Uribe. Su presidente, Carlos Cuenca Chaux, argumentó que el proceso debía quedarse en esa instancia porque el presunto delito de concierto para delinquir se habría extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente de la República y contaba con fuero constitucional.
El expediente permaneció durante años en la Comisión de Acusación sin una decisión de fondo, antes de pasar a la Fiscalía. Esta última reactivó la investigación en el transcurso del año y citó a indagatoria al expresidente en septiembre.
El caso indaga las incursiones paramilitares ocurridas entre 1996 y 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, donde se registraron homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado. Adicionalmente, la Fiscalía investiga la presunta responsabilidad de Uribe en el asesinato de un defensor de derechos humanos.
Al declararse inhibida la Corte, la investigación permanece por ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación.
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