Francisco J. Ríos Empresario, MBA, Negociador Internacional, Especialista en Cadena de Suministro Global e Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios.
Ley de Rescate Económico: el desafío de salvar al Estado sin asfixiar al país
Colombia enfrenta una de esas coyunturas económicas en las que las decisiones del presente pueden comprometer el futuro de varias generaciones. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado al Congreso la denominada Ley de Rescate Económico, una reforma estructural que busca corregir el deterioro de las finanzas públicas, contener el gasto estatal y recuperar la confianza de los inversionistas.
La necesidad de un ajuste fiscal es difícil de desconocer. Durante los últimos años, Colombia acumuló desequilibrios presupuestales, presiones sobre el endeudamiento y compromisos de gasto que han reducido considerablemente el margen de maniobra del Estado. La administración de Gustavo Petro dejó una situación fiscal que exige una evaluación rigurosa de sus decisiones, responsabilidades y resultados. Sin embargo, atribuir la totalidad del deterioro a una sola administración sería desconocer problemas estructurales que nuestro país arrastra desde hace décadas.
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La pregunta fundamental no es si Colombia necesita ordenar sus finanzas. La verdadera discusión es cómo hacerlo sin terminar debilitando su aparato productivo.
La reforma contiene decisiones que merecen reconocimiento. La reducción gradual del impuesto de renta empresarial, del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, constituye una señal favorable para la competitividad. También resulta pertinente revisar el tamaño del Estado, reducir gastos operativos innecesarios y promover mecanismos que permitan atraer capitales mediante mayor estabilidad jurídica.
No obstante, cuando se examina el conjunto de las medidas propuestas, aparecen contradicciones que merecen un debate profundo.
Una de las más preocupantes está relacionada con el costo del empleo formal.
El proyecto contempla restringir las exoneraciones de aportes patronales a salud, SENA e ICBF, que actualmente benefician a determinadas empresas por trabajadores con remuneraciones inferiores a diez salarios mínimos. La propuesta reduciría ese umbral a dos salarios mínimos.
En términos prácticos, esto significaría incrementar el costo de contratación de una parte importante de los trabajadores formales.
Y aquí surge una contradicción económica: ¿qué sentido tiene reducir los impuestos sobre las utilidades empresariales mientras simultáneamente se incrementan los costos asociados a la generación de empleo?
Las empresas no toman decisiones de contratación considerando exclusivamente su tarifa de renta. Evalúan el costo integral de cada trabajador, la productividad, las expectativas de ventas y la incertidumbre regulatoria. Un alivio tributario sobre utilidades futuras puede resultar insuficiente para compensar mayores costos laborales inmediatos, especialmente en empresas con márgenes reducidos.
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Otra preocupación se encuentra en las modificaciones al impuesto sobre la renta de las personas naturales. La ampliación de la base gravable y la reducción de beneficios tributarios podrían incrementar las obligaciones de determinados trabajadores y profesionales.
A ello se suma la propuesta de trasladar numerosos bienes y servicios actualmente gravados con IVA del 5 % a la tarifa general del 19 % a partir de 2028.
Es cierto que el Gobierno plantea un mecanismo de devolución del impuesto para hogares vulnerables. La progresividad tributaria es un objetivo legítimo. Sin embargo, la efectividad de ese mecanismo dependerá de su cobertura, oportunidad y capacidad administrativa.
También debemos preguntarnos qué ocurrirá con aquellos hogares que, sin estar clasificados como vulnerables, enfrentan restricciones económicas importantes. La clase media no es una fuente inagotable de recursos fiscales.
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Desde la experiencia empresarial, existe una realidad que frecuentemente se subestima en las discusiones tributarias: los impuestos no operan de manera aislada.
Cuando aumentan los costos laborales, los impuestos al consumo y las obligaciones tributarias de las familias, sus efectos pueden acumularse sobre la demanda, la inversión y la generación de empleo.
Una empresa que enfrenta mayores costos de producción y consumidores con menor capacidad adquisitiva difícilmente encontrará incentivos suficientes para expandirse.
Por supuesto, el Gobierno tiene una responsabilidad ineludible: garantizar la sostenibilidad fiscal. Un Estado que sistemáticamente gasta por encima de sus posibilidades termina comprometiendo su capacidad de financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales.
Pero la disciplina fiscal no puede reducirse a una operación contable destinada a cerrar déficits mediante nuevos recaudos.
La reforma plantea que una proporción importante del ajuste provendrá de la reducción del gasto público. Ese compromiso debe convertirse en uno de los principales criterios de evaluación del proyecto.
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La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles gastos serán eliminados, qué estructuras administrativas serán racionalizadas, cómo se medirán los ahorros y cuáles mecanismos impedirán que la burocracia vuelva a expandirse.
La austeridad no puede convertirse en un discurso transitorio mientras los mayores impuestos adquieren carácter permanente.
También resulta indispensable fortalecer la lucha contra la evasión, el contrabando y la informalidad. Colombia necesita ampliar su base de contribuyentes, pero esa ampliación debe surgir, en buena medida, de incorporar nuevas actividades a la formalidad y no simplemente de incrementar las obligaciones de quienes ya cumplen.
Existe una diferencia fundamental entre aumentar el recaudo porque la economía crece y hacerlo porque se extrae una proporción cada vez mayor de los ingresos de los mismos contribuyentes.
La primera alternativa puede generar un círculo virtuoso de inversión, empleo y desarrollo. La segunda, cuando supera la capacidad económica de los contribuyentes, puede terminar desincentivando precisamente las actividades que sostienen las finanzas públicas.
La discusión sobre la Ley de Rescate Económico debería trascender las lealtades políticas. No se trata de respaldar o rechazar una reforma por el gobierno que la presenta, sino de evaluar rigurosamente sus consecuencias.
Colombia necesita un Estado financieramente responsable, pero también un sector privado dinámico, trabajadores con oportunidades de empleo formal y familias con capacidad de consumo y ahorro.
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El Congreso tiene la responsabilidad de examinar cada disposición, exigir estudios de impacto y corregir aquellas medidas que puedan producir efectos contrarios a los objetivos de crecimiento económico anunciados.
Porque el verdadero rescate económico no debería medirse únicamente por los billones adicionales que ingresen al presupuesto nacional.
Debería reflejarse en una economía que vuelva a generar confianza, que atraiga inversiones, que multiplique las oportunidades laborales y que permita mejorar sostenidamente el bienestar de los colombianos.
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El desafío no consiste solamente en rescatar las finanzas del Estado. Consiste en hacerlo sin comprometer la capacidad del país para construir su propia prosperidad.
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