Mientras en Bahamas la COP4 prioriza la urgencia de crear planes de protección para defensores ambientales, Colombia asiste al encuentro bajo la presión de un reciente aumento en las amenazas contra líderes en sus territorios
Los temas centrales son principalmente son: consolidar el plan de acción para proteger a los defensores ambientales, evaluar la transparencia en la implementación del tratado en cada país y renovar los órganos de dirección del acuerdo.
Este 21 de abril arrancó en Nassau, Bahamas, la cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú.
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Para Colombia, esta no es una reunión más; es la primera vez que el país asiste formalmente como Estado Parte, lo que marca el paso de las promesas políticas a la evaluación internacional.
¿Qué significa que Colombia sea ahora «Estado Parte»?
A diferencia de años anteriores, donde el país solo asistía como invitado o firmante, ser Estado Parte implica un compromiso legal ineludible. En términos sencillos, el país ha pasado por tres filtros:
Firma: El Gobierno manifestó su interés.
Ratificación: El Congreso aprobó el tratado como ley.
Aval Judicial: La Corte Constitucional dio luz verde a su aplicación.
Al alcanzar este estatus, el Acuerdo de Escazú ya no es una «sugerencia» política, sino una obligación jurídica.
Ahora, Colombia tiene voz y voto en las decisiones del tratado, pero también el deber de demostrar ante el mundo que está cumpliendo con la protección de sus comunidades.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y busca garantizar que la ciudadanía tenga herramientas legales en temas que afecten el entorno.
El acuerdo establece el acceso a la información para que las personas conozcan datos públicos sobre el estado del medio ambiente y los proyectos que lo impacten.
También busca asegurar la participación ciudadana para que las comunidades sean escuchadas de manera efectiva en la toma de decisiones ambientales.
Además, el tratado garantiza el acceso a la justicia mediante mecanismos legales que permitan defender los derechos ambientales en los territorios.
Un punto destacado es la protección de defensores ambientales establecida en el artículo 9, siendo el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a las personas y organizaciones que trabajan en la defensa de la naturaleza.
Temas clave en la COP4
Durante el encuentro en Bahamas, los gobiernos y las organizaciones sociales discuten el seguimiento al plan de acción para la protección de líderes ambientales con un enfoque de género. También se trabaja en la renovación de los órganos de dirección del acuerdo y la definición de las próximas sedes de encuentro.
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Finalmente, la cumbre permite contrastar los informes oficiales de los gobiernos con los datos de la sociedad civil para identificar las brechas existentes en la implementación real del tratado.
Para Colombia, el cumplimiento de este acuerdo exige una mayor presencia territorial y una articulación entre las instituciones del Estado. Esto es necesario para que los puntos del tratado se apliquen de forma efectiva en las regiones que presentan mayores niveles de conflictividad.
