Mientras las multinacionales detienen operaciones, se habrían identificado más de 200 accesos clandestinos en zona de páramo
La gestión y conservación del páramo de Santurbán se registran actualmente bajo dos realidades distintas. Por un lado, se encuentra el desarrollo de medidas administrativas lideradas por el Ministerio de Ambiente para limitar proyectos a gran escala. Por el otro, reportes de prensa como el diario Vanguardia y denuncias sectoriales señalan la persistencia de actividades de explotación no autorizadas en las zonas altas de este ecosistema.
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La regulación temporal y las restricciones mineras
De acuerdo con la Resolución 0221 de 2025 emitida por el Ministerio de Ambiente, se declaró una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal que abarca 76.012 hectáreas en siete municipios de Santander. Bajo esta disposición, los terrenos delimitados quedarían excluidos de la concesión de nuevos títulos mineros y del otorgamiento de licencias ambientales para proyectos de mediana y gran escala.
El fundamento técnico de la resolución indica que la restricción se aplica de manera preventiva debido a la ausencia de estudios concluyentes sobre el impacto acumulativo de la minería industrial en los acuíferos subterráneos que abastecen de agua a la región metropolitana de Bucaramanga. Compañías mineras registradas, han manifestado públicamente que no adelantan labores operativas en el área debido a la inexistencia de proyectos formalmente radicados o aprobados por las autoridades correspondientes.
Reportes de explotación no formal en la zona de páramo
Los reportes señalan que se vendrían registrando actividades de extracción de minerales sin autorización oficial. Según estas investigaciones, se habrían identificado accesos a socavones conocidos como bocaminas a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, dentro del área protegida.
En el municipio de California, sector donde se habrían detectado estas entradas, se registraría un área afectada de aproximadamente 300 hectáreas con remoción de material vegetal. Los reportes indican que de estos puntos se habrían extraído cantidades significativas de metal que serían canalizadas a través de circuitos comerciales informales. Estas actividades habrían convocado a personas procedentes de distintos departamentos del país y de zonas de frontera.
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han señalado que existiría un retraso de nueve años en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena definir los límites precisos del páramo. Esta situación administrativa dificultaría la aplicación de controles territoriales por parte de las autoridades competentes.
Monitoreo de recursos hídricos
La resolución del Ministerio de Ambiente cita estudios técnicos previos de la autoridad ambiental local y del Servicio Geológico Colombiano que habrían detectado variaciones y picos históricos en la presencia de elementos como mercurio y cianuro en corrientes hídricas de la provincia de Soto Norte.
Dado que las labores de extracción informales reportadas en el territorio no se someten a los protocolos de mitigación de la minería formalizada, se advierte que el flujo de agua hacia las bocatomas de consumo poblacional podría verse afectado por agentes externos derivados de estas operaciones clandestinas. Las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno nacional buscan abordar la ordenación de actividades tradicionales, mientras persisten los desafíos de control territorial frente a las dinámicas informales.
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Intervenciones se llevaron a cabo en Fredonia, La Pintada y San Carlos, donde fueron destruidos equipos utilizados para la extracción ilícita de oro.https://t.co/sJjndZjceH
— Hora13 Noticias (@hora13noticias) July 13, 2026
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