El avance de la minería ilegal ya compromete 82.000 hectáreas en el territorio colombiano
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Los informes recientes sobre la explotación ilícita de minerales en Colombia indican que esta actividad aumentó un 28% durante el actual periodo de gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con los datos oficiales, la superficie afectada por la extracción no autorizada ya suma 82.000 hectáreas en el territorio nacional, una cifra que expone la dificultad de las políticas estatales para contener la pérdida de cobertura vegetal y la alteración de las cuencas hídricas en las regiones más vulnerables.
La persistencia de este problema radica en que las autoridades apenas logran incautar entre el 1% y el 3% del mercurio que circula en el país. El desmonte de los programas de capacitación para sustituir este metal por tecnologías limpias obligó a muchos mineros tradicionales a regresar a su uso, al no contar con herramientas ni facilidades de crédito para la transición que la ley exigía haber completado hace años.
Minería ílegal en Antioquia
A pesar de no ser una zona de explotación de oro, el municipio de Sabaneta, en el Valle de Aburrá, se consolidó como el lugar con mayores incautaciones de mercurio en Antioquia entre 2022 y 2026, acumulando 85 kilos. Esta cifra supera los registros de municipios con actividad minera directa como Buriticá (79,4 kilos), Caucasia (43,9 kilos) o Segovia (21,4 kilos).
La concentración de decomisos en Sabaneta, que incluyó el hallazgo de un recipiente con 40 kilos en una empresa de encomiendas, se debe a su ubicación geográfica. Por su jurisdicción pasan vías nacionales como la variante a Caldas y la avenida Regional, corredores viales por donde ingresa la mercancía desde el sur del país.
Las rutas del tráfico y la facilidad de camuflaje
Investigaciones de organizaciones internacionales como la Environmental Investigation Agency (EIA) señalan que el mercurio es traficado desde Querétaro, México, y se traslada hacia Bolivia, Perú y Ecuador antes de cruzar las fronteras colombianas. Debido a su alta densidad, el mercurio ocupa muy poco espacio: un kilo cabe en apenas cinco cucharadas soperas, lo que permite que sea escondido en termos o envases de pintura, evadiendo con facilidad los puestos de control en las carreteras.
El uso de este insumo químico genera daños severos en las selvas y los ríos del Bajo Cauca, el Occidente y el Suroeste antioqueño debido a la remoción de tierra y la acumulación de sedimentos. El vertimiento de estos residuos afecta directamente la calidad del agua de las comunidades locales, mientras que los entes de control advierten que las operaciones ilegales persisten incluso en cercanías de zonas con presencia de la fuerza pública.
Un fenómeno fuera de control técnico
El principal obstáculo para las autoridades locales y ambientales es que no existe un censo exacto sobre la cantidad de socavones y entables ilegales que operan en las subregiones. Muchas de estas minas sin autorización funcionan en los mismos terrenos donde ya existen títulos otorgados o en proceso de licenciamiento, lo que genera tensiones sociales y de orden público.
Mientras el comercio ilegal de metales preciosos siga financiando las estructuras criminales en las regiones periféricas, los esfuerzos de control en las carreteras y los operativos en los ríos continuarán mostrando resultados limitados frente a la velocidad con la que se expande la frontera de la minería ilegal en el territorio colombiano.
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