El convenio firmado por Urrutia superó los 4.950 millones de pesos, destinado al desarrollo de un sistema para controlar el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol
La investigación señala que el acuerdo fue suscrito el 30 de diciembre de 2022 con la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo), mediante contratación directa. Según el ente acusador, durante el proceso no se habría garantizado la participación de otros posibles oferentes ni se habrían realizado los estudios de mercado necesarios para establecer los costos del proyecto.
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La Fiscalía también sostiene que en los estudios previos y en el acto administrativo que justificó la contratación se habrían incluido datos que no correspondían con la realidad. Además, señala que las advertencias de los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio sobre posibles irregularidades no habrían sido atendidas.
Por estos hechos, Urrutia deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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El sistema contratado buscaba relacionar los documentos de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso y verificar posibles restricciones para acceder a los escenarios deportivos.
La acusación abre paso a la etapa de juicio. La exministra conserva la presunción de inocencia y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad.
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