El tribunal definió la manera en que los exintegrantes del Ejército deberán responder ante las comunidades de Dabeiba por los hechos investigados
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró culpables este viernes a cinco antiguos integrantes del Ejército por la muerte y desaparición de 35 civiles en Dabeiba y otros municipios del Occidente de Antioquia. Los sancionados son Edie, Hermes Mauricio, Efraín Enrique, Jaime y William Andrés, tres oficiales y dos suboficiales en retiro que tuvieron cargos de mando en unidades militares como los batallones de Contraguerrillas número 26 y número 79.
El tribunal los halló responsables de 18 episodios en los que ciudadanos ajenos al conflicto fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Como castigo, la JEP les impuso condenas que van desde los cinco años y medio hasta los seis años y medio, tiempo durante el cual tendrán restringidos sus derechos y su libertad bajo supervisión permanente.
En lugar de cumplir esta pena en una cárcel tradicional, los cinco exmilitares deberán trabajar de lunes a viernes, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, para desarrollar nueve proyectos de reparación acordados con las víctimas en Antioquia. Estas labores se extenderán desde diciembre de 2026 hasta octubre de 2034.
Dentro de sus obligaciones, los sentenciados participarán en la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la construcción de caminos, la reparación de puentes sobre el río Sucio y la siembra de cultivos agrícolas. También colaborarán en la elaboración de murales de memoria y en una intervención en la Terminal del Norte de Medellín.
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De igual forma, deberán realizar una adecuación integral en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, lugar donde fueron ocultados los restos de varias víctimas. Gracias a la información entregada por estos cinco exmilitares durante el proceso judicial, el tribunal logró recuperar 77 cuerpos en ese camposanto, de los cuales 18 ya fueron identificados y 17 entregados a sus familiares.
Según la investigación de la JEP, en esta región de Antioquia los implicados aplicaron tres modalidades para cometer los crímenes. Por un lado, campesinos de la zona eran señalados sin pruebas de colaborar con la guerrilla y luego eran asesinados. Por otro, personas provenientes de Medellín y Turbo eran llevadas con engaños hasta Dabeiba para presentarlas como bajas en operaciones militares. Finalmente, los cuerpos eran escondidos en cementerios municipales como los de Dabeiba e Ituango.
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La vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega Laguna, señaló que en Dabeiba el aporte de verdad permitió esclarecer lo sucedido, exigir responsabilidad a los implicados y abrir ahora una etapa de cumplimiento verificable junto a las víctimas y las comunidades. Por su parte, el magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, explicó que este tipo de sanciones hacen parte del modelo creado con el acuerdo de paz de 2016, el cual exige que los responsables reconozcan sus actos para acceder a penas restaurativas.
Esta sentencia se emite en medio de debates sobre el futuro de la JEP, luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella recortara 170.000 millones de pesos de su presupuesto y mientras en el Congreso avanza una reforma que plantea cerrar el tribunal en 2028.
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