Por: Germán Botero
Un análisis sobre el impacto económico, político y social que dejó el proceso de paz en la Habana en la democracia y la seguridad del país
Los costos de la negociación de La Habana son mayores de lo que se percibe, y no son solo económicos. ¿Será necesario repetirlo? Sí, había que estar dispuestos a pagar un alto costo, a tragar sapos, pero ¿sin límites, sin medida?
Aun si el acuerdo en La Habana hubiera logrado la desmovilización de las FARC, sería un logro exageradamente costoso: eran el primer actor, pero estaban diezmados y debilitados.
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Y aun si hubiera traído la paz con las FARC (con ellas y solo con ellas se firmó), los costos tangibles e intangibles serían excesivos: suicidarse para evitar que lo maten. Obviamente no era, ni podía ser, la paz, ni permitía afirmar que «la guerra en Colombia ha terminado», una falacia que Santos proclamó en el impresionante montaje mediático y político de Cartagena, que completó la cuota para el Nobel, pero no convenció a la mayoría de los colombianos.
Los eslóganes de Santos y sus apóstoles eran de suyo una falacia, debida a errores conceptuales o a mala intención (u otras intenciones), del tipo de la Paz Total. Es evidente el absurdo lógico de esa «totalidad total», mayor aún que el de la parcial vendida como total: negociando con uno, por grande que sea, no se resuelve el problema. La realidad es que hasta los residuales y cuasi extinguidos vieron la oportunidad de renacer, porque al menos el ELN pensó: «si dan tanto a ellos, a nosotros, obvio, por lo menos eso».
Pero hay costos mayores que los cuantificables. Los beneficios concedidos traducibles en dinero, entregado directamente (desde mesadas hasta dietas) o destinado a garantías como la JEP que, además de su costo sideral, produce lo contrario de su fin y se alinea casi al 100% con la Memoria Histórica orientada a complementar la impunidad de las FARC con un intento sistemático de lavar su imagen y atacar a quienes le hicieron imposible el triunfo por las armas. Lo que lograron en la mesa de “negociación” no tiene parangón.
Queda otro costo, el mayor de todos: la polarización de los defensores, o simplemente convencidos, de la democracia, la libertad, la propiedad privada y la independencia de poderes. El plebiscito mostró una división No/Sí de 50,21/49,78. Una alta proporción de los votantes del SÍ comparten los principios y valores de la democracia y la institucionalidad.
El resto, una proporción menor del Sí (quizás un 20%, equivalente a un 10% de los votantes) estuvo representado de forma unánime y entusiasta por todos los «enemigos del sistema» que validan todas las formas de lucha, empezando por la armada.
Desafortunadamente, ese 100% del NO y el 80% del SÍ que comparten lo fundamental se enfrascaron, y siguen, en una polarización que ha probado ser la puerta abierta al totalitarismo de la extrema izquierda, representada por las FARC o afín a ellas.
Que la guerra no había terminado se confirmó desde los días de la firma y con mayor evidencia en 2018 pero, sobre todo, en 2026, tras el fatídico período 2022-2026, en el que los ganadores absolutos de La Habana se hicieron con el poder y lo utilizaron para debilitar tanto como estaba a su alcance a su enemigo de toda la vida: las FFAA de Colombia. Un cobarde, oscuro y depravado subalterno de los grupos violentos que apoyaron y se beneficiaron del triunfo en la mesa de la Habana llegó a ser el comandante en jefe del ejército que ha odiado toda su vida.
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Si a eso se suma que el “cartel de prepagos” por servicios sexuales es apenas uno de los centenares de crímenes, aberraciones o simples brutalidades del más amplio espectro, y se enmarca en una quiebra casi total de la capacidad económica del Estado, las noticias de cada día confirman que el crimen sustentado en las guerrillas narcoterroristas y otras formas de criminalidad organizada encontraron en la Habana la plataforma de lanzamiento para sus macabros planes: la violencia y el dominio territorial regresaron a niveles similares, quizás peores, que los de 2002, cuando Álvaro Uribe asumió la Presidencia, pese a que en 2010 se había alcanzado el nivel más bajo de esa “guerra de cincuenta años” que Santos -contra toda evidencia- sigue pretendiendo haber terminado. Germán Botero- noviembre 2026
Coletilla. Mientras los envalentonados por el Acuerdo usan todas las armas y trampas contra Uribe a quien no le perdonan haber diezmado a las FARC, los depravados cabecillas ya fungen como excongresistas y su estandarte heredero del frente Manuel Cepeda es declarado “víctima” por la JEP y sigue pretendiendo continuar el programa de destrucción institucional desde adentro que “de milagro” no logró empezar a dirigir en 2026. Los colombianos prefirieron un tigre domesticado a una venenosa y mortal serpiente.
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