En varias zonas rurales de Colombia, grupos armados pretenderían controlar las actas desde las veredas para favorecer al candidato Iván Cepeda
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Se han reportado presuntas irregularidades en el departamento del Cauca de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, relacionadas con posibles presiones de grupos armados ilegales sobre comunidades rurales y el desarrollo del proceso electoral.
En varias veredas de municipios como Santander de Quilichao, se han reportado situaciones en las que grupos armados estarían interfiriendo en el ejercicio del voto, exigiendo información electoral a jurados y generando restricciones a la participación ciudadana.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez alertó sobre irregularidades en el departamento del Cauca de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.
Según Uribe, existen reportes de que grupos armados ilegales están constriñendo a la población para votar por el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.
Uribe responsabilizó directamente al ELN y a las disidencias de las Farc, mencionando específicamente a las columnas Jaime Patiño en el sur, y Jaime Martínez y Dagoberto Ramos en el norte del departamento.
El expresidente detalló que en veredas de Santander de Quilichao, como Bilachí y La Chapa, estos grupos estarían exigiendo las actas electorales a los jurados para manipular los resultados, impidiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre.
Ante este escenario, Uribe solicitó a la Registraduría, la Procuraduría y a la comunidad internacional mantener una vigilancia especial en la región para prevenir fraudes.
Asimismo, criticó el modelo de gobierno de Gustavo Petro, señalando que la falta de control ha favorecido el avance de lo que denominó narcoguerrillas en el territorio nacional.
La alerta se suma a un informe del Atlantic Council que advierte sobre un deterioro sistemático de la seguridad electoral en Colombia. El documento resalta un aumento del 23.5% en la fuerza de los grupos armados y un incremento en los ataques directos contra figuras políticas.
Entre los hechos más graves se mencionan el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay en 2025 y el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué a principios de 2026.
Actualmente, regiones como el Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño enfrentan situaciones críticas debido a desplazamientos masivos y ataques con explosivos.
Aunque el Ministerio de Defensa ha desplegado miles de efectivos, la Defensoría del Pueblo mantiene la alerta por la capacidad de coacción de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias, que amenazan la transparencia y la movilidad de los votantes en las zonas rurales del país.
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