El contratista habría puesto a disposición de la campaña presidencial información confidencial y bases de datos sensibles
Una delicada denuncia penal y disciplinaria fue instaurada ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras revelarse presuntas irregularidades electorales en el municipio de Montebello, de cara a los comicios presidenciales del próximo domingo 21 de junio.
Los hechos ocurrieron durante una reunión política de seguidores del Pacto Histórico, realizada en la sede del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, ubicada en el establecimiento MonteOcampo Café de dicha localidad del Suroeste antioqueño.
De acuerdo con las pruebas y videos entregados a las autoridades, el ciudadano Alberto Alonso Villa Callejas, quien funge actualmente como contratista activo de la Unidad de Restitución de Tierras con un vínculo vigente hasta octubre de 2026, habría intervenido ante los asistentes hablando formalmente en nombre de la entidad estatal.
Durante su intervención, Villa Callejas habría manifestado estar gestionando una propuesta económica por un valor de 15 millones de pesos —recursos que presuntamente provendrían del Ministerio de Agricultura bajo la dirección de la ministra Martha Carvajalino— con el fin de financiar la logística electoral del candidato Iván Cepeda en Montebello. Según el denunciante, estos dineros se destinarían a la compra de refrigerios y al pago de transporte para movilizar votantes desde las veredas hacia las urnas.
Sumado al ofrecimiento económico, el contratista habría puesto a disposición de la campaña presidencial información confidencial y bases de datos sensibles de la Unidad de Restitución de Tierras correspondientes a víctimas de la violencia y despojo en la región, argumentando tener un amplio registro en varios municipios de Antioquia para coordinar la estrategia de testigos electorales.
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Si bien el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Consejo de Estado estipulan que los contratistas de prestación de servicios no tienen las mismas restricciones constitucionales que los servidores públicos y pueden manifestar libremente sus simpatías políticas, la ley establece líneas rojas estrictas que no pueden ser vulneradas:
Uso de bienes públicos: Está estrictamente prohibido utilizar presupuesto, infraestructura o información reservada de las entidades del Estado para beneficiar a causas proselitistas.
Bases de datos: El uso de información confidencial de víctimas de la violencia con fines electorales vulnera la ley de protección de datos y la transparencia del proceso.
Independencia institucional: Cualquier actividad política debe realizarse a título estrictamente personal, fuera del horario laboral y desvinculando por completo las funciones contractuales del ejercicio de campaña.
Ante la gravedad de los señalamientos, un grupo de ciudadanos molestos interpuso la queja formal exigiendo verificar de manera prioritaria si existió la comisión de faltas disciplinarias, infracciones de carácter electoral o conductas de tipo penal.
Por el momento, los audios, videos y documentos ya se encuentran en manos de los organismos de control competentes, quienes deberán esclarecer la procedencia de los recursos mencionados y determinar el alcance de las presuntas faltas a la transparencia democrática en el departamento.
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