La multa impuesta por la SIC asciende a más de $8.000 millones
La Superintendencia de Industria y Comercio SIC impuso una millonaria multa a cinco clubes de fútbol profesional, la Dimayor y sus representantes legales por “prácticas anticompetitivas” relacionadas con vetar jugadores.
Según la investigación, dichas entidades lograron desincentivar la movilidad de jugadores entre los diferentes equipos, afectando la libre competencia en el mercado deportivo.
Entre las instituciones sancionadas están Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y Atlético F.C. S.A, además de la Dimayor como gremio organizador de los torneos profesionales. Dichas entidades tendrán que pagar una multa superior a $8.000 millones.
Patrones de conductas que afectaron la libre competencia en el fútbol
Según la SIC, el primer patrón se basó en el envío de una serie de comunicaciones entre los clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se daba a conocer la situación laboral de jugadores específicos. En dichas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que algunos de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato.
La entidad precisó que en un entorno libre competencia este tipo de información no debe compartirse entre competidores, puesto que afecta las decisiones de contracción y distorsiona el mercado de fichajes.
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El segundo patrón consistió en el uso de expresiones como “pacto de caballeros”, o un “llamado ético” o, incluso de “solidaridad de gremio”. Para la Superintendencia ese tipo de expresiones no buscaban hacer un llamado a un eventual cumplimiento específico de las normas que se espera de un buen empresario, sino precisamente a que los equipos destinatarios de las comunicaciones -que podrían tener interés en los jugadores- no tuvieran incentivos suficientes para pagar negociar y contratar a los futbolistas señalados.
Dichos llamados no apelaban al cumplimiento de las normas, sino a evitar que los clubes interesados contrataran a dichos jugadores, aun cuando no existiera impedimiento legal.
En el tercer patrón, mencionan la participación de la Dimayor. “Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que se están llevando a cabo”. Según la investigación, la Dimayor no solo tuvo conocimiento de las comunicaciones, sino que en algunos casos las remitió directamente, y según la SIC demuestra apoyo a un sistema que afectó la libre competencia.
Finalmente, la multa tiene recursos de reposición y la podrán presentar durante los 10 días hábiles después de la notificación correspondiente.
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