La Corte Constitucional tumbó uno de los decretos más controvertidos de la pandemia, el 568 de 2020, que creó el “Impuesto solidario”.
Este impuesto, de entre el 10 y 20 % del salario, se viene cobrando desde mayo a funcionarios públicos, pensionados y contratistas del Estado que ganan más de 10 millones de pesos mensuales.
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