La Procuraduría comentó en un documento las preocupaciones que tiene sobre el proyecto de ley
Por medio de un documento de nueve páginas, La Procuraduría General de la Nación planteó unas observaciones al proyecto de Ley 293 de 2023 conocido como “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez”.
Este proyecto, fue aprobado en el Senado de la República y se encuentra en el último debate en la Cámara de Representantes.
El ministerio público comentó las preocupaciones que tienen con las reglamentaciones que se deben implementar cuando la reforma pensional sea aprobada, ya que estas estarían en disposición del Gobierno Nacional.
En el comunicado que está dirigido a Gloria Inés Ramírez, Ministra de Trabajo, la Procuraduría menciona que al menos 45 temas estructurales del sistema estarán sujetos a reglamentación posterior.
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“Lo cual podría generar altas judicializaciones, vulneración a los derechos de los afiliados que soliciten el reconocimiento de una prestación económica y que se vean afectados por demoras en la reglamentación”, indicó la Procuraduría.
Además, la entidad manifestó algunas dudas sobre la capacidad de Colpensiones para asumir las nuevas responsabilidades derivadas de la reforma.
Recordemos que la Procuraduría ha mantenido un seguimiento constante de Colpensiones desde el 2013, emitiendo distintos requerimientos para mejorar los trámites y decisiones sobre las prestaciones económicas de la entidad. Es así como en el pasado 2023, se presentó una congestión significativa y retrasos en los trámites de la entidad.
Este documento además cuenta cifras sobre las acciones que están previstas por Colpensiones para superar la contingencia de retrasos al momento de realizar reconocimiento de prestaciones económicas. Es así como hasta el pasado 31 de marzo de 2024, Colpensiones tenía 48.833 trámites pendientes, y 4.553 de ellos ya estaban fuera de los términos legales.
Las cifras dicen que Colpensiones no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa que se necesita para implementar la reforma, que implicaría el traslado de aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados en todo Colombia.
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