La alcaldesa encargada de Turbo y el secretario de Gobierno de este municipio, deberán pagar tres días de prisión, por desacato de orden judicial.
Según el Juzgado Primero de Restitución de Tierras, debían desalojar a 238 familias que habitan ilegalmente un predio, a lo que, por pedido expreso del alcalde de Turbo, no lo hicieron.
Explicaron que estas familias son víctimas del conflicto y llevan muchos años allí. Afirman que deben reubicarlos y que es difícil obtener los recursos en esta época del año.
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