El Juzgado 46 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá emitió la primera condena derivada del escándalo por la expedición de diplomas académicos fraudulentos vinculados a Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de Juventud. El procesado es Luis Carlos G, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José.
El despacho judicial avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el exfuncionario, quien aceptó su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo. Como resultado, Gutiérrez fue sentenciado a 36 meses de prisión (tres años) y recibió una inhabilidad por el mismo periodo para ejercer cargos públicos. Dado que la pena es inferior a cuatro años, el operador judicial le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Detalles de la falsificación
La investigación de la Fiscalía determinó que Gutiérrez Martínez, aprovechando su posición y el acceso a la plataforma tecnológica de la institución educativa, autorizó y expidió irregularmente dos títulos a nombre de Juliana Guerrero: uno como tecnóloga y otro como contadora pública.
El ente acusador comprobó que dichos documentos nunca cumplieron con los procedimientos académicos regulares —incluyendo la ausencia de presentación de las pruebas Saber Pro y TyT exigidas por el Icfes— y habrían sido utilizados para intentar cumplir con los requisitos e ingresar al Gobierno nacional a través del sistema oficial.
Durante la diligencia, el juez de conocimiento cuestionó con severidad el impacto de estas acciones en la sociedad:
«La conducta por la cual está siendo condenado afectó de manera severa la fe pública, afectó de manera severa a las comunidades educativas de este país y afectó de manera severa a todas aquellas personas que, de una u otra manera, han tenido que hacer esfuerzos para obtener un cartón».
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Esta sentencia marca el primer fallo firme dentro de un proceso judicial que continúa abierto en el plano investigativo para esclarecer la responsabilidad de los demás implicados en el entramado de corrupción académica.
