El ingreso efectivo de los combatientes a estas zonas está programado para el próximo 25 de junio de 2026
El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, aceptó formalmente el listado de 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) para iniciar su tránsito hacia zonas de ubicación temporal.
Esta medida se da en el marco de los «Compromisos de Paz en Doha», suscritos en Qatar en diciembre pasado, que buscan avanzar en un espacio de conversación sociojurídica con esta organización.
La resolución, firmada por el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, habilita el desplazamiento de los miembros del grupo hacia tres puntos específicos: Tierralta en Córdoba, y Belén de Bajirá y Unguía en el departamento del Chocó.
El ingreso efectivo de los combatientes a estas zonas está programado para el próximo 25 de junio de 2026.
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Un punto clave del documento es la aplicación del parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, el cual establece que, durante el desplazamiento y permanencia en estas zonas, queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición.
No obstante, el Gobierno aclaró que este beneficio no es una carta abierta de movilidad. La resolución especifica que: La suspensión tiene un carácter territorialmente restringido y finalista.
La movilidad se circunscribe únicamente a los municipios donde el grupo tiene presencia y a las rutas indispensables hacia las zonas de ubicación.
Todo movimiento debe ser comunicado previamente a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, indicando rutas, fechas y finalidades.
Líderes beneficiados y verificaciónEntre las 29 personas reconocidas de buena fe en el listado se encuentran altos mandos como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (conocido como «Chiquito Malo»), Orosman Orlando Osten Blanco, José Francisco Peña Santana y Tatiana Andrea Correa Jaramillo.
La MAPP/OEA formará parte del mecanismo tripartito encargado del seguimiento, monitoreo y verificación de estas zonas. El documento advierte que el incumplimiento de las condiciones de seguridad y movilidad pactadas dará lugar a la revisión inmediata de los efectos de esta resolución.
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