Esta estrategia tiene como fin prevenir, investigar y judicializar delitos electorales
Con el objetivo de proteger la transparencia del proceso electoral en Colombia, la Policía Nacional puso en marcha una estrategia integral contra los delitos electorales en todo el país, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). La iniciativa contempla acciones de prevención, inteligencia, investigación criminal e integridad institucional, orientadas a anticipar y neutralizar conductas que puedan afectar la legitimidad de las elecciones.
Como parte de esta estrategia, fue desplegado el Equipo Especial Contra los Delitos Electorales (ECODE), un grupo especializado encargado de coordinar las acciones operativas y de investigación para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto, equipo que ha permitido adelantar 14 macroprocesos investigativos en distintas regiones del país, enfocados en desarticular posibles estructuras o redes que estarían intentando influir de manera ilegal en el proceso electoral.
La estrategia se desarrolla en coordinación con diferentes entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Inteligencia Policial, el Mecanismo URIEL y la Línea Anticorrupción 157, lo que permite activar rápidamente las acciones investigativas cuando se detecta alguna conducta irregular.
Además de las labores investigativas, las autoridades también fortalecieron los controles en el territorio. En articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), se instalaron puestos de control en vías nacionales y zonas priorizadas para detectar posibles movimientos irregulares de dinero. En estos operativos también participan unidades caninas especializadas en la detección de divisas, con el fin de prevenir prácticas como la financiación ilícita de campañas o la compra de votos.
La priorización de territorios se realizó a partir de un modelo de análisis que incluyó 14 variables técnicas relacionadas con riesgos de corrupción y seguridad electoral. A partir de este ejercicio, las autoridades identificaron 272 entidades territoriales con posibles amenazas para la transparencia del proceso.
Entre tanto, la Línea Anticorrupción 157 continúa habilitada como canal de denuncia para los ciudadanos. Desde el 18 de febrero de 2026 se han recibido 57 reportes relacionados con posibles delitos electorales como constreñimiento al sufragante, corrupción al votante y retención o posesión ilícita de cédulas.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) March 6, 2026
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