Paloma Valencia, calificó la medida de «robo descarado» a menos de 40 días de la primera vuelta; el presidente Petro la acusó de defender los intereses de los banqueros
El jueves 23 de abril se convirtió en escenario de uno de los cruces más intensos de la campaña presidencial. La senadora y candidata Paloma Valencia radicó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el Decreto 415 de 2026, expedido el 20 de abril por el Ministerio de Trabajo, que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones transferir a Colpensiones cerca de $25 billones correspondientes a los ahorros de más de 119.000 trabajadores que se trasladaron del régimen privado al público en los últimos 12 meses.
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Para Valencia, la norma viola la Reforma Pensional aprobada por el Congreso, que establecía que los fondos privados debían seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpliera los requisitos para jubilarse. El decreto ordena a las AFP entregar el 50% de los recursos en los primeros 20 días y el 50% restante en los 10 días siguientes. La demanda solicita dos cosas: la suspensión provisional de urgencia del decreto y su declaratoria de nulidad. «Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones», escribió Valencia en X, añadiendo que «el dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante elecciones».
El presidente Gustavo Petro respondió desde su propia cuenta y fue directo: «El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más», y acusó a Valencia de defender los intereses de «los banqueros dueños de Bancolombia» y los accionistas de los fondos privados. Petro también la acusó de haber demandado la reforma laboral, a lo que Valencia fue tajante: «Y no mienta: yo no demandé la reforma laboral».
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Vale anotar que el Banco de la República le envió una carta al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en marzo de 2026, advirtiendo que el traslado anticipado «podría no tener sustento jurídico» y que vender de golpe esos activos en el mercado podría afectar las tasas de interés del país. Ahora es el Consejo de Estado quien tiene la última palabra, con el reloj corriendo: si los fondos transfieren el dinero antes de un fallo, los $25 billones ya estarían en Colpensiones cuando llegue la respuesta judicial.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) April 23, 2026
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