Los policías acusados deberán permanecer en un centro carcelario, mientras avanza la investigación
Un juez penal dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro integrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en actos de tortura y amenazas de muerte contra un hombre que se encontraba bajo su custodia en el Oriente antioqueño.
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Los hechos, ocurridos en julio de 2025, involucran a quien para la época se desempeñaba como subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, junto a dos subintendentes y una patrullera.
Según la investigación liderada por la Fiscalía, el subcomandante y la patrullera habrían retirado al detenido de las instalaciones policiales bajo el falso pretexto de trasladarlo a una cita médica programada, pero el destino real fue una zona boscosa en la población de La Unión, donde fueron interceptados por los otros dos uniformados implicados para dar inicio a las presiones ilegales.
El ente acusador relató durante las audiencias que los funcionarios habrían sometido a la víctima a un intenso sufrimiento psíquico y coacción física con el objetivo de que revelara la ubicación exacta de una caleta que presuntamente contenía dinero o armamento.
Para intimidarlo, los policías le exhibieron herramientas como palas y palines, advirtiéndole que, de no colaborar con la información requerida, sería asesinado y enterrado en una fosa en ese mismo lugar. En un descuido de sus captores, el hombre logró emprender la huida y llegar hasta una finca cercana donde recibió auxilio.
Posteriormente, el afectado se puso en contacto con la SIJIN para entregarse voluntariamente y denunciar las torturas recibidas a manos de los oficiales.
Con el fin de encubrir lo sucedido, el entonces subcomandante reportó oficialmente dos días después de los hechos que el detenido se había fugado durante el supuesto traslado médico, versión que fue desvirtuada por las pruebas recolectadas.
Las capturas de los implicados se hicieron efectivas en el municipio de La Ceja y ahora enfrentan cargos por el delito de tortura, sumándose para el alto mando el cargo de falsedad ideológica en documento público debido a la alteración de los informes oficiales.
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Aunque la defensa de los procesados apeló la decisión de primera instancia, todos deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
