Miguel Quintero, Álvaro Villada, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez serán los imputados 56, 57, 58 y 59; son $18.656 millones en contratos investigados
La Fiscalía General de la Nación llamó a audiencia de imputación a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y a otras tres personas en la investigación por presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
También será imputado Álvaro Alonso Villada García, subdirector financiero del AMVA; Sebastián Ortega Urán, mencionado en otros cuestionamientos de la anterior administración; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien fue asesora jurídica del AMVA y después secretaria de Medio Ambiente de Medellín.
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El número de imputados crece
Con estas cuatro nuevas vinculaciones, Miguel Quintero, Álvaro Villada, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez se convierten en los imputados 56, 57, 58 y 59 respectivamente dentro de los diferentes procesos judiciales por presunta corrupción relacionados con la administración de Daniel Quintero.
La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle y Álvaro Alonso Villada García.
Antecedentes en audiencias previas
El nombre de Miguel Quintero ya había aparecido en diferentes audiencias judiciales. Durante diligencias contra el exdirector del AMVA Juan David Palacio Cardona, la Fiscalía mencionó a Miguel Quintero al referirse a presuntas instrucciones impartidas para decisiones sobre contratación y nombramientos.
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Colaboraciones con la justicia
El llamado a imputación se produce después de procesos de colaboración iniciados por varios implicados. Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo de Bomberos de Itagüí, se encuentra en protección a testigos mientras colabora con la Fiscalía. María Yaneth Rúa García, Elkin de Jesús González y Juan Alberto Cardona Henao también han buscado acuerdos con el ente investigador.
Los contratos investigados
La investigación se concentra en seis contratos celebrados desde 2020 entre el AMVA y Bomberos de Itagüí, por aproximadamente $18.600 millones de pesos. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el presunto esquema habría permitido una posible apropiación cercana a los $2.400 millones.
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