La Ley de Utilidad Pública abre puertas a algunas mujeres condenadas
Las mujeres cabezas de familia que están condenadas o procesadas penalmente, pueden acceder al beneficio de prisión domiciliaria, gracias a la entrada en vigencia de la Ley 2292 de 2023, denominada Ley de Utilidad Pública, la cual, se considera un avance en la implementación de una política criminal con enfoque de género. Le contamos los detalles.
Cabe resaltar que esta Ley es la primera norma que da la posibilidad de ejecutar sanción penal de manera restaurativa, en donde la pena se traduce en servicio comunitario que impacta en la sociedad para resarcir el daño.
¿Quiénes pueden acceder a esta ley?
Esta Ley establece que, previa a una valoración y aprobación de un juez, pueden acceder a su beneficio, las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser mujer cabeza de familia.
- Que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes o que su delito no exceda los ochos años de cárcel.
- Que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad.
¿Habrá pago por realizar los servicios comunitarios bajo esta ley?
Las mujeres que accedan a este beneficio no tendrán un pago. Pero podrán beneficiarse con otro tipo de subsidio o tener un empleo, pues los servicios comunitarios no pueden interrumpir jornadas laborales ni educativas de la mujer.
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¿Qué es el servicio de Utilidad?
El servicio de Utilidad Pública es un servicio comunitario que se desarrolla como forma de sanción penal que cumplen en libertad las mujeres beneficiadas. Es decir, estos servicios tienen la vocación de generar un impacto en las comunidades como forma de restauración del daño ocasionado por el delito.
También, es importante considerar que el rol de cabeza de familia o jefa de hogar, se define como la persona que se hago cargo económica, social y afectivamente de otra. Esto incluye a las mujeres que tienen hijos menores de 18 años al momento de ser condenadas y aquellas que tengan a cargo a adultos mayores que no puedan valerse por sí mismos.
Cabe resaltar que, esta normativa también reconoce las condiciones diferenciadas de marginalidad que sufren las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, así como su rol de cuidadoras en sus hogares.
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