Las pruebas que hundieron a Santiago Uribe en el caso ‘Los 12 apóstoles’
La Corte Suprema de Justicia puso punto final a uno de los expedientes judiciales más prolongados del departamento al ratificar en firme la sentencia de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Con este pronunciamiento, el tribunal respalda la resolución emitida previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que había echado atrás la absolución dictada a favor del procesado a finales de 2024.
A diferencia del primer fallo de un juzgado especializado, la Corte determinó que una evaluación integral del material probatorio —y no el análisis aislado de las evidencias— deja una certeza absoluta sobre la responsabilidad penal de Uribe Vélez en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
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De acuerdo con la providencia judicial, se demostró que la propiedad de la familia Uribe, la hacienda La Carolina (ubicada en el municipio de Yarumal, Antioquia), sirvió como base neurálgica de operaciones de la estructura criminal conocida como «Los Doce Apóstoles». Informes de policía judicial confirmaron que en este predio no solo se coordinaban reuniones entre mandos medios, civiles y miembros de la fuerza pública, sino que albergaba una pista de adiestramiento paramilitar y sistemas de radiocomunicación ilegales.
Bajo la figura de coautoría impropia, el alto tribunal responsabilizó directamente al ganadero por el asesinato del ciudadano Camilo Barrientos Durán. La Corte ratificó que este homicidio obedeció a un plan de exterminio de la organización y no a riñas individuales, debido a que la víctima fue incluida en un listado de señalados colaboradores de la guerrilla.
Los magistrados respaldaron unánimemente el testimonio de Eunicio Pineda Luján, un antiguo ordeñador de la zona rural cuyos señalamientos intentaron ser desacreditados por la defensa argumentando un diagnóstico de esquizofrenia. Apoyada en dictámenes oficiales de Medicina Legal, la Corte dictaminó que el testigo contaba con plena capacidad mental para declarar, sumado a que sus afirmaciones coincidieron en el núcleo esencial con los relatos de otros testigos clave como Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya.
Finalmente, el tribunal desestimó por completo los argumentos de la defensa que sugerían una supuesta conspiración orquestada por contradictores políticos nacionales o internacionales para perjudicar a la familia Uribe Vélez, tildando tales teorías de meras especulaciones sin sustento en el expediente. Al catalogar las actividades de «Los Doce Apóstoles» como ataques sistemáticos a la población civil en Antioquia, los delitos mantendrán de forma definitiva su condición de crímenes de lesa humanidad, haciéndolos imprescriptibles.
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