Luego de la emergencia invernal, persisten riesgos y desafíos en la garantía de derechos en el Urabá antioqueño
Con el propósito de verificar en terreno los daños ocasionados por la emergencia invernal y velar por la garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas por el frente frío, la Defensoría del Pueblo adelantó misiones humanitarias de verificación y acompañamiento en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia.
Las visitas, realizadas entre el 11 y el 17 de febrero, permitieron constatar de manera directa el impacto de las inundaciones, el deterioro y colapso de infraestructura vial, así como el aislamiento de comunidades rurales que quedaron sin acceso oportuno a servicios básicos. Esta situación no solo evidenció afectaciones materiales, sino también riesgos para la salud, la seguridad alimentaria, el acceso a la educación y la atención en salud, lo que motivó a la entidad a promover la activación y articulación de respuestas institucionales.
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Uno de los hechos más críticos verificados fue el desplazamiento temporal de 448 personas que debieron ser albergadas en instituciones educativas, centros comunitarios y otros espacios habilitados como alojamientos provisionales. En estos lugares fueron acogidas poblaciones especialmente vulnerables, entre ellas niñas, niños, mujeres gestantes y personas adultas mayores, quienes requieren atención prioritaria y diferencial.
En municipios como Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, las autoridades competentes adelantaron jornadas de atención médica básica, valoración psicológica, vacunación y manejo de enfermedades asociadas a la exposición prolongada a aguas estancadas. No obstante, la respuesta inicial estuvo concentrada en las labores de evacuación y atención inmediata, lo que generó dificultades en la consolidación oportuna y completa de los registros de personas afectadas y atendidas.
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Durante las visitas, la Defensoría también recibió quejas relacionadas con demoras en la asignación de citas médicas especializadas y en la entrega de medicamentos. Frente a estas situaciones, gestionó la activación de rutas institucionales para garantizar la continuidad en los tratamientos y prevenir vulneraciones adicionales al derecho a la salud.
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En materia de niñez y adolescencia, se evidenciaron afectaciones derivadas del uso de instituciones educativas como albergues temporales y de la suspensión de clases por daños en vías y puentes. Aunque en la mayoría de los municipios las actividades académicas comenzaron a restablecerse progresivamente luego la disminución del nivel de las aguas, persisten desafíos para garantizar condiciones adecuadas y seguras para el retorno pleno a la presencialidad.
