Exfuncionarios y contratista enfrentarán pruebas que apuntan a direccionamiento
El juicio por presuntas irregularidades en un contrato de zonas verdes durante el gobierno de Daniel Quintero avanzó este martes con una primera audiencia que dejó sobre la mesa un detalle inquietante: según la Fiscalía, el convenio de más de 5.000 millones de pesos habría sido entregado a Reforestadora El Líbano meses antes de que la empresa demostrara capacidad técnica para ejecutarlo, un indicio que, para el ente acusador, revela un posible direccionamiento previo a la firma del contrato.
La investigación señala que la administración habría desplazado al Jardín Botánico (histórico encargado de estas labores) para adjudicar el proceso a la empresa privada representada por Luz Henao. Junto a ella fueron llamados a juicio la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, y el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano.
La Fiscalía sostiene que la propuesta seleccionada no solo era menos favorable sino que habría sido impulsada por vínculos políticos en el Suroeste antioqueño, incluido el fallecido Asdrúbal Vélez, esposo de Henao y hermano del alcalde de Andes.
Todos los implicados se declararon inocentes, pero el fiscal anticipó que presentará pruebas documentales, correos internos y testimonios que demostrarían que el proceso fue ajustado para beneficiar a la empresa privada por encima del interés público. La cita judicial continuará el 26 de enero de 2026, cuando se revelarán los elementos clave que podrían marcar el rumbo del caso.
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