Los activos, avaluados en cerca de $7.000 millones de pesos, estaban vinculados a importaciones desde EE. UU., y China
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas jurídicas sobre 35 bienes vinculados a una red de lavado de activos, en una operación que impacta especialmente al departamento de Antioquia. Allí se encuentran inmuebles en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo, según confirmó la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
Los activos, avaluados en casi $7.000 millones de pesos, también se ubican en Cartagena y Arjona (Bolívar) y Aguadas (Caldas). Las investigaciones del CTI revelaron que empresas importaban equipos de cómputo desde Estados Unidos y China, usando sociedades fachada y maniobras contables para ocultar el origen ilícito de los recursos.
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Desde 2016, la red habría estructurado un esquema societario para defraudar al fisco y lavar dinero. Las inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales injustificados y vínculos familiares entre representantes legales fueron clave para detectar el fraude.
Los análisis financieros demostraron que las empresas carecían de capacidad económica real para justificar sus movimientos comerciales. En consecuencia, la Fiscalía busca impedir que los bienes sean transferidos o usados nuevamente en actividades criminales.
Seis presuntos miembros de la red fueron judicializados por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, debido a esto fue que se dio con el paradero de los inmuebles. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras continúa el proceso penal.
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