Contraloría destapa hallazgo fiscal por $739.562 millones en EPM luego de la compra de Afinia durante la alcaldía de Quintero
Un duro cuestionamiento realizó la Contraloría Distrital de Medellín a las decisiones administrativas adoptadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en septiembre de 2020. El organismo de control estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal que asciende a $739.562 millones, derivado de la adquisición de la filial CaribeMar S.A.S. E.S.P., conocida comercialmente como Afinia.
De acuerdo con la investigación desarrollada por el ente fiscalizador, durante la fase previa a la firma del negocio se identificó un incumplimiento clave en las condiciones contractuales. El contrato de compraventa exigía un indicador de recaudo de referencia del 81,33 %; sin embargo, se detectó una desviación que le daba a EPM la potestad legal de desistir del acuerdo sin asumir costos o sanciones económicas.
Pese a esta salvedad, la empresa renunció a dicho derecho y continuó con la transacción mediante la aprobación del Otrosí No. 5 y la venia de la Junta Directiva en la reunión No. 1695.
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Impacto en las finanzas de la ciudad
El presunto detrimento patrimonial calculado por la Contraloría equivale al dinero que EPM habría dejado de percibir y de transferir a la capital antioqueña por concepto de dividendos y utilidades. La cifra total surge de la suma de:
$509.238 millones correspondientes a la vigencia del año 2024.
$230.324 millones proyectados para la vigencia 2025.
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Próximos pasos de la investigación
El organismo aclaró que el informe será trasladado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal para iniciar las actuaciones correspondientes. En esta fase se buscará determinar formalmente si existieron actuaciones irregulares por parte de los directivos que avalaron la compra e individualizar posibles responsables de las decisiones operativas.
Por el momento, el ente de control enfatizó que la notificación del hallazgo no constituye una condena ejecutoriada ni impone una obligación inmediata de pago a las partes mencionadas, pero sí abre un proceso de auditoría profunda sobre el patrimonio público involucrado en la transacción.
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