El reporte de EPM revela intimidaciones que alcanzaron tanto a las obras del proyecto como a la Alcaldía de Medellín y al Metro
Empresas Públicas de Medellín (EPM) remitió un informe a la Cámara de Representantes en el que expuso una serie de hechos de orden público y presión de grupos armados que han venido afectando la prestación de servicios, el personal y sus proyectos de infraestructura en distintas zonas del departamento.
El documento de EPM detalla que, luego la terminación de los acuerdos de Doha entre el Gobierno y el Clan del Golfo (EGC), este grupo armado consolidó un control social en el Bajo Cauca. Esta situación, sumada a la disputa territorial con el ELN y las disidencias, ha desencadenado paros armados y bloqueos que ponen en riesgo la operación y las inversiones de la entidad en esa zona. La afectación también alcanza al proyecto Hidroituango. Según el reporte, el Frente 36 exigió sumas de hasta 5.000 millones de pesos de entrada y 500 millones mensuales a la empresa, acompañadas de amenazas dirigidas a la obra, al Metro y a la Alcaldía de Medellín.
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Según EPM, las disidencias de las Farc habrían instalado explosivos en la vía de acceso —hecho que dejó un soldado muerto y un sargento herido— y mantuvo la central casi una semana sin recibir carga crítica. A esto se suman atentados contra torres de transmisión en Medellín y Bello, sobrevuelos de drones y la restricción preventiva del paso de personal en áreas rurales de Briceño.
En el sector energético de Porce II y Porce III, la minería ilegal se ha convertido en una amenaza constante para un túnel de conducción de 12 kilómetros y la infraestructura cercana. En el área se identificaron 26 socavones, dragas y campamentos, además del estrangulamiento del río Porce en 2025 por un jarillón artesanal. Las disputas entre la Estructura 36, el ELN y el Clan del Golfo por estas rentas ilícitas, sumadas a bloqueos comunitarios tras operativos militares, han obstaculizado el acceso a las plantas.
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Por último, en el área urbana de Bello, la empresa reportó dificultades para abastecer al asentamiento Granizal, donde viven entre 25.000 y 35.000 personas. Según EPM, al no contar con redes convencionales, el servicio se presta mediante carrotanques y tanques comunitarios. Sin embargo, estructuras ligadas al Clan del Golfo habrían cobrado cuotas ilegales por el agua y amenazado a los conductores y líderes sociales, lo que ha generado interrupciones en el suministro a la comunidad.
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Sujetos capturados en operativos realizados en Medellín y Sopetrán. En los inmuebles, habían equipos de impresión y armas de fuego.
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