Más de 600 comunicaciones entre la empleada del banco y un recluso habrían permitido ubicar víctimas y ejecutar cobros extorsivos
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el presunto papel clave de una trabajadora del sector financiero en una estructura criminal dedicada a la extorsión carcelaria.
Se trata de Queila M., O., T., funcionaria de una entidad bancaria en La Dorada, Caldas señalada de suministrar información confidencial de clientes a integrantes de una red delictiva que operaba desde un centro penitenciario.
De acuerdo con las autoridades, la mujer habría entregado datos sensibles de usuarios que solicitaban créditos, los cuales eran utilizados por los delincuentes para suplantar identidades y gestionar préstamos a nombre de las víctimas.
La maniobra no terminaba allí. Según el expediente, Queila M., O., T. también estaría encargada de avisar el momento exacto en que los recursos eran consignados, lo que permitía a los criminales contactar de inmediato a los afectados para intimidarlos y exigirles dinero bajo amenazas.
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que la procesada sostuvo más de 670 comunicaciones con el presunto cabecilla de la organización, quien permanece recluido en la cárcel de mediana y máxima seguridad Doña Juana.
Por estos hechos, una fiscal especializada le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Sin embargo, la mujer no aceptó los cargos.
Un juez de control de garantías determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.
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