Ejército solicita apoyo a la Gobernación para combatir grupos armados en Remedios; hasta la fecha, no se ha recibido una respuesta
El Ejército Nacional solicitó respaldo urgente a la Gobernación de Antioquia ante los intensos combates que sostiene con el Ejercito de Gaintanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de Remedios, en el Nordeste antioqueño, una situación que mantiene a comunidades confinadas, ha provocado desplazamientos y expone a la población civil al uso de explosivos lanzados desde drones.
Según fuentes consultadas por El Espectador, el batallón adscrito a la Brigada 19 pidió formalmente la realización de un consejo de seguridad extraordinario, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Mientras tanto, las confrontaciones continúan y la crisis humanitaria se agrava sin una intervención articulada de las autoridades departamentales.
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Los enfrentamientos más recientes se registraron en la vereda Tamar Bajo, donde explosivos impactaron cerca de la escuela La Orquídea, obligando a niños, docentes y familias a refugiarse en los salones. Otras veredas como Dos Quebradas, Caño Tigre, Cooperativa y Campo Vijao también reportan hostilidades y restricciones a la movilidad.
Organizaciones sociales como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) han alertado sobre la presencia de grupos armados fuertemente equipados que se movilizan por corredores rurales, amplificando el riesgo para las comunidades. Denuncian además la instalación de retenes ilegales, el reclutamiento forzado de menores y la utilización de drones con explosivos, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población civil y compromete zonas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
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La disputa responde al control de corredores estratégicos para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Desde 2022, la Defensoría del Pueblo mantiene activa una Alerta Temprana para Remedios y otros municipios del nordeste antioqueño por el deterioro progresivo del orden público.
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Aunque desde la Secretaría de Seguridad se anunció la coordinación de acciones con Yondó y el Ejército, líderes sociales insisten en que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Las comunidades reclaman presencia efectiva del Estado y medidas urgentes que garanticen su permanencia en el territorio, mientras el conflicto armado sigue escalando sin una solución inmediata a la vista.
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