Los laudos arbitrales sobre el control de Continental Towers reciben un nuevo golpe a su credibilidad
Ahora se conoce la polémica y debatida actuación de uno de los abogados que habría financiado a exejecutivos de las empresas presos en Guatemala y habría recortado versiones fundamentales de trabajadores dentro del expediente que se le hizo llegar a un juez federal de Nueva York.
El abogado es identificado como Michael N. Ungar, quien ahora aparece en el centro de las actuaciones que hoy cuestionan la integridad del arbitraje de Continental Towers y los laudos posteriormente ejecutados. La empresa latina Terra Towers y la estadounidense TPG Peppertree se disputan el control de Continental.
Ungar representó a Telecom Business Solution y LATAM Towers, empresas vinculadas con Peppertree. Desde esa posición, intervino en el mecanismo utilizado para financiar gastos legales de Jorge Gaitán y Carol Echeverría, exdirector ejecutivo y exdirectora de Operaciones de Continental Towers, quienes habrían actuado de forma fraudulenta para beneficiar a Peppertree desde dentro de la compañía, en perjuicio de Terra.
Gaitán y Echeverría guardan prisión en Guatemala por fraude y también enfrentan expedientes abiertos en El Salvador por ese delito. Ambos respaldaron actuaciones favorables a Peppertree y AMLQ dentro del conflicto entre los accionistas de Continental Towers. También son procesados por la justicia de El Salvador junto a tres ejecutivos de Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri, sobre quienes además pesa una orden de arresto internacional de INTERPOL.
Los documentos muestran que, el 18 de agosto de 2022, Ungar estableció las condiciones bajo las cuales Peppertree y AMLQ podían adelantar sus gastos legales. Los desembolsos serían evaluados caso por caso y quedarían bajo la discrecionalidad de ambas entidades.
Más de medio millón de dólares en facturas
Ungar también firmó, junto con el abogado Gregg L. Weiner, una carta sobre facturas de Carrillo & Asociados que sumaban USD 512.675,82: USD 288.795,37 correspondían a Gaitán y USD 223.880,45 a Echeverría.
Entre los conceptos examinados aparecían:
- USD 202.737,25 por “Arbitration Analysis Continental Company”.
- USD 74.294,70 por “General Coordination”.
- USD 12.994,97 por “Analysis of legal defense in US”.
La carta cuestionó la magnitud y justificación de los cobros. También reconoció que Gaitán y Echeverría no eran partes individuales del arbitraje y preguntó por qué sus abogados facturaban servicios relacionados con una supuesta intervención en el procedimiento.
Esos cuestionamientos confirmarían que Ungar conocía las facturas, su posible relación con el arbitraje y las defensas de los dos exejecutivos. Además, tenía participación en la decisión sobre los gastos que Peppertree y AMLQ estaban dispuestos a financiar.
Para los denunciantes, estos pagos constituyeron una compra de testigos coordinada por Peppertree a través de Ungar. La propia carta firmada por el abogado señala que los servicios facturados incluían la preparación de Gaitán y Echeverría para declarar en el arbitraje y que esa preparación fue “en gran medida coordinada” por los abogados de la compañía. Según la acusación, el financiamiento de sus defensas y la coordinación previa de sus testimonios buscaban hacer coincidir sus versiones con la estrategia de defensa y las pretensiones de Peppertree en el laudo.
El mecanismo continuó funcionando en 2025. Gaitán envió directamente a Ungar facturas relacionadas con procesos penales en Guatemala. Otro correo confirmó adelantos por USD 9.900 para una defensa en ese país y USD 58.000 para procesos abiertos en El Salvador, conforme a las condiciones fijadas por Ungar.
Gestiones para coordinarse con Ungar
Las conversaciones internas también muestran que Gaitán y dos abogados identificados como Adam Schachter y Jean Paul Dechamps buscaban coordinar posiciones con Ungar.
Schachter y Dechamps eran supuestos abogados de Continental Towers y debían responder a los intereses de la compañía. No obstante, los mensajes los presentan como enlaces entre Gaitán y el abogado de Peppertree.
Dechamps escribió que era importante conocer qué pensaba Ungar porque necesitaban estar “coordinados”. Gaitán, por su parte, pidió que Ungar fuera informado de su exigencia de ser reincorporado, junto con Echeverría, a la administración de la empresa.
También solicitó enviarle una propuesta para despedir a los ejecutivos que promovieron el arbitraje, revocar poderes, sustituir representantes legales y contratar una nueva firma bajo el control de la junta directiva.
Las comunicaciones no muestran todas las respuestas de Ungar, pero lo colocan como un interlocutor con capacidad para influir en el control operativo y jurídico de Continental Towers durante el arbitraje.
Las dudas sobre los laudos
La relación financiera entre Peppertree, Gaitán y Echeverría plantea una pregunta central: ¿supo el tribunal que entidades beneficiadas por los laudos financiaban las defensas de dos exejecutivos que respaldaban su posición?
También debe establecerse si los árbitros conocieron la coordinación entre Ungar y abogados que formalmente representaban intereses distintos.
A esto se suma una declaración atribuida al propio Ungar, quien habría reconocido que el tribunal concedió a su parte más de lo solicitado. Esa afirmación abre la discusión sobre un posible laudo ultra petita, es decir, una decisión que excedió las pretensiones formuladas.
Los denunciantes sostienen, además, que correos de trabajadores fueron recortados y reordenados antes de presentarse ante el tribunal federal. También señalan a Ungar y a ejecutivos de Peppertree como responsables de amenazas contra ellos y sus familias.
Las denuncias fueron presentadas ante instancias de Estados Unidos, Europa y Canadá, además de la Organización Internacional del Trabajo y organismos de derechos humanos.
Como parte del derecho de respuesta, el medio remitió una solicitud formal de comentarios a Michael N. Ungar; a los ejecutivos de Peppertree John Ranieri, Howard Mandel y Ryan Lepene; y a representantes y contactos de Peppertree Capital, TPG, Goldman Sachs, firmas legales y otras personas vinculadas con el caso. La consulta pidió explicaciones sobre el financiamiento de Gaitán y Echeverría, los pagos de defensas y honorarios, posibles gestiones de presión o intermediación judicial y los controles de cumplimiento aplicados a esos recursos. Al cierre de esta publicación, ninguno de los consultados había respondido a los cuestionamientos.
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