CNE avanza en ponencia que plantea millonarias sanciones por presuntas irregularidades en campaña de Gustavo Petro
El Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a encender el debate político con una ponencia de más de 600 páginas que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría superado los topes de financiación permitidos por la ley en más de 3.500 millones de pesos.
La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada durante más de dos años, plantea sanciones económicas de gran alcance. Entre ellas, una multa cercana a los $4.000 millones para Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de campaña. También se contemplan sanciones contra otros directivos, así como para el movimiento político Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica (UP).
Un proceso con trasfondo político
La ponencia, radicada este martes 26 de agosto, llega a la Sala Plena del CNE en un escenario de tensiones políticas. De un lado, el bloque de magistrados cercanos al Pacto Histórico; del otro, cinco magistrados que no hacen parte de esa órbita y que tendrán un papel determinante en la votación. Como las decisiones requieren mínimo seis votos, será necesario acudir a conjueces, especialmente porque la magistrada Alba Velásquez quedó impedida tras ser recusada por su rol en la campaña de Petro.
Hallazgos clave de la investigación
El informe detalla varios elementos que habrían incidido en la supuesta violación de topes, entre ellos:
- Aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y de Fecode por $500 millones.
- Recursos del Polo Democrático.
- Pagos relacionados con una factura de Caracol Televisión.
Sin embargo, quedaron por fuera costos polémicos como los vuelos chárter contratados por la Sociedad Aérea de Ibagué, en los que se transportó el entonces candidato presidencial.
Además de las sanciones administrativas, la resolución ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que abre la puerta a eventuales procesos penales y políticos.
Lo que viene
El futuro de esta ponencia depende de la correlación de fuerzas al interior del CNE y de la votación en sala plena. De ser aprobada, marcaría un precedente en la aplicación de sanciones por presuntas irregularidades en la financiación de campañas en Colombia.
Mientras tanto, la campaña del presidente Petro conserva el derecho a presentar alegatos y defensas en este proceso que, a menos de un año de terminar su mandato, mantiene bajo la lupa la forma en que se financió su ascenso al poder.
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