La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra seis integrantes del (Inpec) de la cárcel de Itagüí
El escándalo desatado por la celebración clandestina con mariachis, licor y la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez en el complejo penitenciario La Paz, en Itagüí, escaló al ámbito judicial y disciplinario. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra seis integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), incluyendo al director encargado para la fecha de los hechos.
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La investigación detalla que las irregularidades ocurrieron el pasado 8 de abril de 2026, durante una fiesta llevada a cabo en el pabellón de alta seguridad con motivo del cumpleaños de alias Pocho, máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía. Según el organismo de control, se registraron graves omisiones en los controles de acceso y en los reportes de permanencia de visitantes y de la agrupación musical que ingresó sin autorización oficial de la Dirección General del Inpec ni del Ministerio de Justicia.
Los funcionarios cobijados por esta medida disciplinaria —calificada como falta gravísima a título de dolo— son los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia; el inspector Eduardo Parra Ceballes, y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales. Con esta decisión, el proceso pasa a su etapa de juzgamiento.
Implicaciones penales y nuevas investigaciones
Adicionalmente, el Ministerio Público compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez. Asimismo, se abrió una nueva línea de indagación disciplinaria contra otros miembros del personal por presuntas anomalías en informes sobre fallas en la red y en el sistema de control Sisipec 1.
Por otro lado, el expediente destaca que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David optaron por confesar su responsabilidad en la omisión de registros reglamentarios, lo que podría otorgarles una reducción de hasta el 50 % en las sanciones, que contemplan suspensión, inhabilidad o destitución.
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