Los procesados habrían utilizado información personal y registros biométricos para acceder a recursos públicos
La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de una presunta organización delincuencial que habría desviado recursos de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y beneficiarios de programas sociales en Medellín y Montería. En el operativo fueron capturadas 11 personas señaladas de participar en el esquema fraudulento.
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De acuerdo con la investigación, los procesados habrían utilizado información personal y credenciales de los beneficiarios para ingresar de manera irregular a sistemas informáticos, suplantar identidades y gestionar el cobro de ayudas económicas que estaban destinadas a población vulnerable. Las autoridades establecieron que, al parecer, la red operó mediante la manipulación de datos y el uso indebido de registros biométricos.
La Fiscalía señaló que durante las pesquisas fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos, en los que presuntamente se gestionó el desembolso irregular de más de 116 millones de pesos. Según el ente acusador, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte sería uno de los principales articuladores de la estructura, encargado de suministrar información de los beneficiarios, definir montos y coordinar el retiro de los recursos.
Durante los procedimientos de captura, la Policía Nacional incautó ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos que serán analizados dentro del proceso judicial. Con este material, las autoridades buscan establecer el alcance de las actividades atribuidas al grupo y la posible existencia de más víctimas.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a los capturados, según su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco de los procesados, mientras que otros cinco deberán cumplir detención domiciliaria. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente la operación de esta red y determinar si existen más personas involucradas.
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