Familias engañadas por estructura criminal que vendía predios municipales; autoridades investigan sin revelar identidad del GDO para proteger denunciantes
Los antecedentes
Desde principio de año la Alcaldía de Bello tenía documentado el caso de cuatro casas construidas ilegalmente en el sector El Caramelo, de Niquía. La comunidad había denunciado las invasiones en un predio municipal destinado a convertirse en zona verde. Se habían incautado materiales de construcción y se notificó que se recuperarían esos predios.
El operativo de demolición
El 24 de julio la Alcaldía de Bello procedió a demoler las cuatro viviendas ilegales. En el operativo participaron el ICBF, la Secretaría de Inclusión, la Personería, Espacio Público, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dos de los inmuebles estaban habitados, razón por la cual se requirió acompañamiento institucional completo.
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Lo que se descubrió
Durante el desalojo quedó a la vista que las familias que ocupaban las viviendas habían sido engañadas por un grupo delincuencial que vendía ilegalmente predios municipales. Lo más grave: ese mismo grupo delincuencial estaría amenazando a los ciudadanos que denunciaron la invasión para que no reportaran los hechos.
El altercado
Durante el operativo se presentó un altercado entre residentes y uniformados de la Policía que terminó con la captura de una de las personas.
La advertencia institucional
Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad de Bello, hizo un llamado a la ciudadanía: «Esto es doloroso como institución y es por eso que invitamos a la ciudadanía a que no se deje engañar. A que, por favor, no compre en lugares que son suelos privados o del municipio. Que verifiquen antes de hacer las inversiones de su vida en estos territorios».
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Las amenazas y la investigación
Fuentes oficiales confirmaron que un grupo delincuencial organizado con injerencia en la zona sería responsable del loteo ilegal. Sin embargo, las autoridades decidieron no revelar cuál estructura armada se trata ni quién directamente está detrás de las amenazas, para proteger a la comunidad que hizo las denuncias.
Las autoridades competentes ya tienen conocimiento del caso y avanzan para llevar ante la justicia a los responsables tanto de la venta ilegal de predios como de las intimidaciones.
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