Federico Gutiérrez cuestionó nuevo aplazamiento de audiencia contra el hermano del exalcalde de Medellín por incapacidad de la juez
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la tercera reprogramación de la audiencia judicial en la que se solicitaría medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados en el caso denominado «Hermanitos Q». El mandatario calificó las maniobras de la defensa como dilatorias ante las acciones de la justicia.
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El mandatario señaló desde su cuenta en la red social X,que por tercera ocasión se postergó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los imputados por presunta corrupción.
La administración distrital reiteró que continuará aportando evidencias ante organismos de control locales e internacionales, tras la reciente entrega de pruebas al FBI sobre presuntas redes de lavado de activos en Miami.
Pese a los aplazamientos, el alcalde afirmó que mantendrán las acciones legales para garantizar que los recursos presuntamente desviados de la ciudad sean juzgados de manera oportuna.
Hay que recordar que Miguel Quintero es investigado por presuntos actos de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto supera los 18.000 millones de pesos.
¿Por qué la aplazaron?
La diligencia estaba programada de manera virtual para iniciar a las 2:10 p.m. en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías. No obstante, a las 2:12 p.m. la oficial mayor del despacho les informó a los asistentes que debían desconectarse y que recibirían un nuevo “link” porque el escenario ya no sería este sino el Juzgado 39, esto debido a que la juez habría presentado una incapacidad
Así las cosas, una vez iniciada, el abogado Santiago Tres Palacios, defensor de Miguel Quintero, solicitó que dicha reunión debía ser suspendida porque no se había cumplido un trámite meramente formal por el cambio inesperado del juzgado y que, para su entender, debía ser reprogramada por el juzgado 27.
Por lo tanto, esta funcionaria ordenó que la audiencia fuese reprogramada y la carpeta sea devuelta nuevamente al centro de servicios judiciales para que sea reprogramada con el mismo juzgado al cual se le asignó en 1º instancia, que es el juzgado 27 penal municipal, con función de control de garantías.
Según las leyes nacionales a partir del 31 de agosto comenzó a correr un plazo de cinco días para una nueva notificación.
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