Informe de la ONU advierte que la violencia contra defensores de derechos humanos es sistemática y persiste en varias regiones del país
Un total de 410 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2022 y 2025, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que alerta sobre la continuidad de patrones de violencia en distintas regiones.
En Antioquia se registraron 19 de estos homicidios, ubicando al departamento entre los territorios más afectados, aunque lejos de los niveles de violencia reportados en otras zonas del país.
Regiones más impactadas
El informe evidencia una fuerte concentración territorial de los asesinatos. El departamento de Cauca encabezó la lista con 84 casos, seguido por Valle del Cauca (37), Nariño y Arauca (36 cada uno), además de Putumayo (34).
En total, los hechos se distribuyeron en 28 departamentos y 184 municipios, aunque el 76 % de los casos se concentró en apenas diez territorios.
Un patrón de violencia estructural contra los defensores derechos humanos
La ONU advirtió que estos crímenes no son aislados, sino que responden a dinámicas sistemáticas de control social y territorial, especialmente en zonas donde confluyen economías ilícitas y débil presencia institucional.
Los grupos armados no estatales fueron señalados como presuntos responsables del 73 % de los homicidios. En al menos 296 casos se identificaron indicios de que estas estructuras habrían ordenado y ejecutado los asesinatos.
Perfil de las víctimas
La mayoría de las víctimas eran hombres (354), aunque también se documentaron 49 mujeres y siete personas LGBTIQ+.
Por origen social, el impacto fue mayor en comunidades rurales:
- 171 campesinos
- 94 indígenas
- 43 afrodescendientes
Estos sectores, según el informe, enfrentan mayores riesgos por su liderazgo en territorios en disputa.
Amenazas y otras agresiones a defensores de DD.HH.
Además de los homicidios, el organismo documentó más de 2.000 ataques, entre ellos amenazas (63 %), intentos de homicidio (5 %) y secuestros (4 %). Estas acciones han sido utilizadas para intimidar y debilitar procesos organizativos en las comunidades.
Persisten fallas en la respuesta estatal
Aunque se reconocen esfuerzos institucionales, la ONU concluyó que el Estado no ha logrado revertir la tendencia. Señaló que las respuestas siguen siendo fragmentadas y que, especialmente a nivel local, persisten debilidades para prevenir la violencia y proteger a los defensores de los derechos humanos.
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El informe también advierte sobre un posible subregistro, lo que sugiere que la magnitud real del problema podría ser mayor.
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