Detrás de este patrón criminal se esconden dinámicas de estigmatización que las organizaciones sociales
Una alarmante radiografía sobre los derechos humanos sitúa a Antioquia en el primer lugar de violencia en el país en lo que va de 2026. Los balances de organizaciones como Indepaz, la Defensoría del Pueblo y Forjando Futuros confirman que este territorio supera en afectaciones a otras zonas tradicionalmente golpeadas por el conflicto como Cauca, Arauca o Nariño, evidenciando que las comunidades rurales siguen desprotegidas ante los grupos armados ilegales.
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La seguridad de quienes ejercen vocerías comunitarias es especialmente crítica. Una muestra de ello fue el crimen de Alexander de Jesús Chavarría Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento La Granja, en Ituango. El representante campesino fue sacado de su hogar por desconocidos armados y posteriormente asesinado, a pesar de que ya se conocían las intimidaciones que venía sufriendo por denunciar la situación de orden público en su zona.
Detrás de este patrón criminal se esconden dinámicas de estigmatización que las organizaciones sociales identifican como el paso previo a las balas. Desde Forjando Futuros explican que a los defensores primero se les calumnia y deslegitima mediante discursos de odio o desinformación, lo que facilita que luego sean blanco de agresiones físicas. Este fenómeno golpea principalmente a los líderes dedicados al cuidado de los recursos naturales, la defensa de sus comunidades y los procesos de restitución de propiedades.
Los analistas asocian de forma directa la persistencia de los ataques con los conflictos históricos por la tenencia de la tierra en las subregiones y las disputas por el control de las economías subterráneas. Según los expertos, mientras no se ponga en marcha una reforma agraria profunda y efectiva, las estructuras criminales seguirán persiguiendo a las figuras visibles de los territorios para mantener su hegemonía.
El balance de la violencia masiva también es desalentador para el departamento, que sumó seis de las 35 masacres perpetradas en toda Colombia durante el primer trimestre del año. La Defensoría del Pueblo insiste en que el impacto de estas cifras va más allá de la estadística, pues cada homicidio desmantela el tejido organizativo local, mientras que el acumulado nacional desde la firma de la paz en 2016 ya deja la preocupante cifra de 1.699 defensores asesinados
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) May 20, 2026
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