El movimiento ciudadano de 1990 impulsó la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución del 91; décadas después, la idea volvió al debate por Petro
Este miércoles 11 de marzo se cumplieron 36 años de la llamada Séptima Papeleta, una iniciativa impulsada por estudiantes universitarios que terminó abriendo el camino para la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de Colombia de 1991.
El movimiento surgió a finales de los años ochenta, en medio de una profunda crisis institucional en Colombia, marcada por la violencia política, el narcotráfico y el asesinato de líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
En ese contexto, un grupo de estudiantes promovió la inclusión de una papeleta adicional en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1990 para que los ciudadanos expresaran su respaldo a una nueva Constitución.
Aunque inicialmente no tenía reconocimiento oficial, la propuesta ganó respaldo social y político. Según registros del Banco de la República, el impulso ciudadano llevó a que el Gobierno autorizara a la Registraduría a contabilizar los votos relacionados con la convocatoria de una constituyente durante las elecciones presidenciales de ese mismo año. En esa jornada, más de 5,2 millones de ciudadanos apoyaron la iniciativa.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia avaló jurídicamente el proceso, lo que permitió convocar la Asamblea Nacional Constituyente que finalmente promulgó la Constitución de 1991; considerada uno de los cambios institucionales más importantes en la historia reciente del país.
Décadas después, este antecedente volvió a mencionarse en el debate político. En 2025, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de promover una “octava papeleta” en las elecciones de este año, todo para consultar a los ciudadanos sobre la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente; una idea que evocó el mecanismo simbólico utilizado por el movimiento estudiantil de 1990.
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Sin embargo, juristas recordaron que la Constitución vigente establece procedimientos formales para su reforma, entre ellos el trámite legislativo en el Congreso, el referendo constitucional o la convocatoria de una constituyente mediante ley.
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