Los bienes ocupados están ubicados en las comunas de La Candelaria, Laureles, Belén y Buenos Aires
Las autoridades ocuparon 28 inmuebles y 14 hoteles en Medellín, señalados de estar involucrados en un presunto esquema de defraudación de servicios públicos mediante la alteración ilegal de sistemas de medición y conexiones clandestinas.
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La investigación fue adelantada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), luego de denuncias presentadas por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que detectó inconsistencias en los patrones de consumo registrados en diferentes propiedades de la ciudad.
De acuerdo con las autoridades, durante inspecciones técnicas se estableció que varios contadores presentaban manipulaciones destinadas a reducir el valor real de la facturación de servicios como energía, acueducto y gas.
Además, agregaron que las labores investigativas se extendieron durante 16 meses y permitieron recolectar elementos materiales probatorios que indicarían que estas prácticas ilícitas se venían realizando desde el año 2013.
Según la investigación, existiría un patrón delictivo sistemático entre propietarios de inmuebles y hoteles ubicados en diferentes sectores de Medellín, quienes tendrían vínculos familiares, comerciales y societarios.
Las autoridades señalaron además que las conexiones fraudulentas no solo generaban pérdidas millonarias para la empresa prestadora de servicios, sino que también representaban un riesgo para la comunidad por posibles emergencias asociadas a incendios, fugas e inundaciones.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, entre 2020 y 2025 las pérdidas ocasionadas por el delito de defraudación de fluidos superarían los $1,24 billones de pesos, con afectaciones cercanas a los $207 mil millones anuales.
Con base en las pruebas recopiladas, la Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes ubicados en las comunas de La Candelaria, Buenos Aires, Laureles y Belén.
Los inmuebles y hoteles afectados fueron avaluados en más de $96 mil millones y quedaron a disposición de la Fiscalía. Posteriormente, los bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial.
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