Entre los beneficiarios de la solicitud aparecía alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe de la estructura y requerido por la justicia de Estados Unidos
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Clan del Golfo desató nuevas reacciones en el escenario político colombiano. Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien respaldó públicamente la postura del ente acusador y lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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La decisión de la Fiscalía se conoció este 12 de mayo, luego de revisar una resolución emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, en la que el Gobierno había aceptado un listado de 29 integrantes del grupo armado para iniciar su traslado progresivo hacia Zonas de Ubicación Temporal como parte de los acercamientos de la política de paz total.
Dentro de ese listado aparece Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’, considerado máximo jefe de esa estructura criminal y requerido en extradición por Estados Unidos.
Tras conocerse la determinación, Federico Gutiérrez expresó su respaldo a la fiscal general y aseguró: “Bien hecho por la señora Fiscal General de la Nación, muy bien hecho”.
El mandatario también cuestionó duramente al Gobierno Nacional y afirmó “Petro hasta el último día sólo quiere seguir premiando a los criminales”.
Además, celebró que la Fiscalía mantuviera vigentes los compromisos internacionales en materia de extradición y sostuvo “¿Qué es importante lo que hace la Fiscal hoy? Le pone un tate quieto”.
En medio de sus declaraciones, Federico volvió a cuestionar la estrategia de paz total y lanzó una de sus frases más fuertes “La paz total fue la entrega total del territorio a las estructuras criminales”.
La decisión de la Fiscalía abre un nuevo capítulo en el debate sobre los alcances de la política de paz total, especialmente frente a los beneficios jurídicos solicitados para miembros de organizaciones criminales y la relación de Colombia con procesos internacionales como la extradición.
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