Más de 15.000 familias de Antioquia han recibido asistencia humanitaria entre 2022 y 2025, pero la indemnización administrativa sigue en espera
Un grupo de representantes de víctimas del conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca, Antioquia, se reunió esta semana para evaluar el avance de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La comisión de seguimiento y monitoreo, conformada por entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y la Mesa Nacional de Víctimas, se desplazó hasta el municipio de Caucasia para escuchar las demandas de la población afectada por más de 50 años de violencia en la región.
Durante el encuentro, se destacó que más de 15.000 familias han recibido asistencia humanitaria entre 2022 y 2025, gracias a las medidas de atención inmediata de la Unidad para las Víctimas. Esta intervención ha sido crucial ante el aumento de desplazamientos forzados, homicidios y desapariciones, producto de la disputa entre grupos armados ilegales. En total, el Estado ha invertido $17.644 millones de pesos en estos esfuerzos.
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A pesar de los avances, las víctimas hicieron hincapié en los rezagos que aún existen en el proceso de indemnización administrativa. Según los delegados, la falta de agilidad en el pago de indemnizaciones, especialmente para personas mayores y con discapacidad, sigue siendo un obstáculo significativo para la reparación integral. Sin embargo, se reconoció que en 2024 se otorgaron 43.410 indemnizaciones por un valor total de $439.568 millones de pesos, lo que marca un progreso importante en la implementación de esta medida.
Las recomendaciones de los líderes de víctimas incluyeron un llamado urgente a mejorar los planes de reparación colectiva y acelerar los retornos y reubicaciones de desplazados en comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Estas medidas, solicitaron, deben contar con el apoyo de entidades públicas y la asignación de presupuestos específicos para garantizar su efectividad. Además, se instó a las alcaldías municipales a ampliar el acceso a iniciativas de vivienda, educación y proyectos productivos.
Por su parte, los alcaldes del Bajo Cauca coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Los mandatarios locales expresaron su compromiso con el desarrollo de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las víctimas y aborden de forma integral las secuelas del conflicto armado en la región, marcada por la violencia y el desarraigo.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) May 29, 2025
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