Falta de recursos amenaza la recuperación de cuerpos y la justicia para muchas de familias
Un problema crítico se destaca en el contexto de la justicia transicional en Colombia: la falta de recursos para avanzar en la intervención forense en sitios clave de desapariciones forzadas, como el caso del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba y el Sitio de Interés Forense (SIF) La Escombrera. Mientras que las víctimas y sus familias siguen esperando justicia, los esfuerzos para recuperar los cuerpos y proporcionar respuestas se ven amenazados por un presupuesto insuficiente.
Sobre esta situación la UBPD ha reportado que los recursos necesarios para continuar con estas labores ascienden a sumas que exceden su capacidad financiera. Esto pone en riesgo los avances realizados hasta el momento y agrava la situación de aquellas personas que esperan respuestas por las desapariciones de sus seres queridos.
En el caso de La Escombrera, los recursos requeridos superan los $3.9 mil millones, una cantidad que la UBPD no puede cubrir debido a las limitaciones de su presupuesto. Además, el proceso de intervención de este sitio, uno de los más significativos en la búsqueda de desaparecidos, requiere de esfuerzos continuos que dependen de la colaboración interinstitucional.
A pesar de los esfuerzos por parte de entidades como la JEP y la Alcaldía de Medellín, la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos podría detener la recuperación de más de 124,000 personas desaparecidas, dejando en suspenso las esperanzas de las familias afectadas.
El papel fundamental de la JEP y de otros actores en este proceso no se limita a la recuperación de los cuerpos, sino que también incluye la justicia restaurativa. A través de la Ruta Sancionatoria, los exmiembros de la Fuerza Pública implicados en estos hechos tienen la oportunidad de asumir responsabilidades y contribuir a la reparación. Sin embargo, la falta de recursos pone en peligro la implementación de estas medidas. La situación destaca la urgencia de un compromiso financiero y político para garantizar que los procesos de justicia y reparación continúen, evitando que el sufrimiento de las víctimas se prolongue aún más.
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