Las compañías se enfrentarían a severas multas y a la obligación de implementar medidas correctivas inmediatas según la ley vigente
El Ministerio del Trabajo ya tomó las riendas del proceso para esclarecer si estas estrategias de mercadeo constituyen una táctica de evasión de compromisos patronales frente a ciudadanos en situaciones críticas.
Las empresas señaladas cuentan con un margen de cinco días hábiles para entregar sus descargos y las pruebas que respalden su defensa ante las autoridades. Este plazo fue otorgado en el marco del inicio de la actuación administrativa, donde se busca determinar si estas marcas de gran escala han vulnerado los derechos fundamentales de sus colaboradores en las calles.
De acuerdo con el abogado denunciante, Óscar David Benavides Angulo, este modelo de negocio traslada los riesgos comerciales a las poblaciones más pobres mientras las marcas aumentan sus ganancias. Para el jurista, no se trata de simples oportunidades de empleo informal, sino de una explotación donde personas vulnerables promocionan productos reconocidos sin contar con un sueldo digno, seguridad social ni respaldo legal frente a posibles accidentes o enfermedades.
La investigación se centra en el uso de vendedores ambulantes y promotores de marca que, según la queja oficial, operan bajo esquemas de absoluta informalidad. Se busca establecer si Nutresa y Quala mantienen relaciones laborales ocultas bajo la apariencia de ventas independientes, privando a los trabajadores de las garantías mínimas que exige la normativa colombiana.
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El Ministerio del Trabajo puso la lupa sobre el Grupo Nutresa S.A. y Quala S.A. tras recibir una denuncia formal por presuntas anomalías en la contratación de su personal de calle. La entidad estatal investiga si estas empresas están utilizando a personas en condiciones de fragilidad económica para vender y publicitar sus productos sin ofrecerles contratos formales ni afiliación al sistema de salud y pensiones.
